“El daño moral a los emigrantes retornados es irreparable”

Los antiguos emigrantes españoles en Suiza se sienten perseguidos por el fisco de su país. Keystone

La Agencia Tributaria no solo persigue a los evasores fiscales que ocultan su fortuna en Suiza. El fisco español también mira con lupa a los emigrantes retornados que perciben una pensión extranjera. Muchos de ellos se han visto en una situación límite.

Todo empezó hace algo más de dos años. En la Costa da Morte, una región gallega conocida por su fuerte emigración a Suiza desde los años 60, el rumor se propagó a la velocidad de los temporales que azotan cada invierno el vecino Cabo Vilano.

En el bar, durante la retransmisión de los partidos del Deportivo de La Coruña, en el cementerio después del entierro de un pariente o vecino que había pasado gran parte de su vida en Delémont o en Ginebra, o en los mercados de la costa delante del proveedor de cervelas [salchichas suizas] para los más nostálgicos, todas las conversaciones giraban en torno a un tema: la carta certificada de Hacienda que iban recibiendo poco a poco los emigrantes retornados. El Estado les exigía en el plazo de dos semanas el pago de cinco años acumulados de impuestos, además de una multa.

“Hacienda me exigió 10 000 euros”, recuerda Juan Antonio Pichel, un emigrante que había trabajado en La Chaux-de-Fonds y que se vio forzado a pedir un préstamo al banco para poder pagar en el plazo fijado. Otros retornados recibieron una factura todavía más alta de varias decenas de miles euros, a veces injustamente.

“El daño moral y económico que este Gobierno ha hecho a los emigrantes retornados es irreparable”, sostiene Eva Foncubierta, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes y RetornadosEnlace externo (FEAER). Al frente de esta organización creada tras los primeros envíos de las cartas certificadas de Hacienda, esta hija de andaluces que emigraron a Holanda denuncia el método utilizado por el Estado español, que ha tratado a los retornados como defraudadores cuando muchos de ellos se pasaron la vida trabajando por el mundo.

Si algunos trataron efectivamente de burlar a Hacienda, la gran mayoría ignoraba que tenía la obligación de declarar sus rentas extranjeras. “En total, en el colectivo hay 800 000 personas afectadas en España que regresaron de varios países europeos. Es imposible que haya tanta gente, y menos de esa edad, que se plantee defraudar a Hacienda al no declarar las pensiones del extranjero”, se indigna Eva Foncubierta.

«Es imposible que haya tanta gente, y menos de esa edad, que se plantee defraudar a Hacienda al no declarar las pensiones del extranjero”

Falta de información

La presidenta de la FEAER responsabiliza de la falta de información a las autoridades españolas. En primer lugar a los consulados por no haber comunicado esa obligación a los emigrantes que se daban de baja antes de emprender el viaje de vuelta a España. Tampoco se lo comunicaron los municipios al llegar y darse de alta. Algunos preguntaban a los vecinos, otros a las delegaciones de Hacienda que les daban informaciones contradictorias. De modo que cuando empezaron a llegar las cartas certificadas, la noticia fue un auténtico mazazo para muchos retornados. “Fueron sancionados brutalmente”, sentencia Eva Foncubierta.

Con las arcas del Estado exhaustas tras la crisis de 2008, “el fisco halló esa fuente de ingresos y se ha cebado con ellos. Algunos retornados se han visto en situaciones realmente dramáticas”, dice. La presidenta de la FEAER cita el ejemplo de un andaluz al que le reclamaron abonar 35 000 euros, de los cuales 11 000 de multa, en el plazo de quince días. “Una cantidad excesiva”, a juicio de Eva Foncubierta. Afortunadamente, este retornado logró el reembolso de la multa gracias a la movilización de sus compañeros que constituyeron por toda España pequeñas asociaciones para defender los intereses de los exemigrantes.

El trabajo “que no hacen los consulados”

En Galicia, Juan Antonio Pichel y José Rocha, que también había trabajado en La Chaux-de-Fonds, crearon la Asociación de Jubilado Antiguos Emigrantes de la Costa da Morte (AJAE). Disponen de un local en la ciudad de Vimianzo, cedido amablemente por el dueño del bar de enfrente, que también trabajó en Suiza y recibió la carta de Hacienda. La asociación cuenta hoy con unos 600 socios.

En junio, antes de que se agotara el plazo dado por Hacienda para que los retornados regularizaran su situación, los dirigentes de la AJAE no daban abasto. Había puesto a disposición de los vecinos un fiscalista para ayudarles a rellenar su declaración a Hacienda y atendieron a una multitud de personas que ignoraba cómo hacerlo. “Hacemos el trabajo que no hacen los consulados”, sostiene Juan Antonio Pichel, quien trata de informar a los retornados de sus obligaciones con el Estado.

En esta región de Galicia, con una fuerte tasa de paro, las pensiones suizas permitieron a muchas familias amortizar el choque de la crisis. De modo que cuando se encontraron en el ojo del huracán fiscal, muchas de ellas pasaron un mal trago. “Son personas que, con la entrada de divisas, han contribuido mucho –y lo siguen haciendo – al desarrollo de España. No se merecían este trato”, insiste Eva Foncubierta.

“El fisco se ha cebado con ellos. Algunos retornados se han visto en situaciones realmente dramáticas”

Los primeros éxitos

Tras recibir las cartas, los retornados comenzaron a movilizarse. Organizaron manifestaciones, primero en sus pueblos, y luego en sus regiones y en Madrid. Lograron su primer gran éxito en la primavera de 2015, cuando el Estado les perdonó las multas y les extendió el plazo para regularizar su situación. Pero el reembolso de las multas no fue automático. Los retornados tenían que solicitarlo a Hacienda. No todos se animaron a hacerlo. “Son personas mayores y dicen que no quieren más líos con Hacienda y no lo solicitan”, explica Eva Foncubierta.

En junio pasado, la Agencia Tributaria anunció que había reembolsado multas por cerca de 13 millones de euros. “Hemos ayudado a más de 74 000 contribuyentes y antes distribuimos más de 651 000 cartas de información sobre cómo había que proceder”, precisa en un comunicado. El descontento de los pensionistas tuvo un gran mérito: el Estado ha explicado claramente las obligaciones de los emigrantes retornados. Ya no hay dudas. Los consulados proporcionan ahora esta información.

La movilización continúa

Aun así, los retornados no han renunciado a la lucha. Llevaron su causa a Bruselas para denunciar casos de doble imposición que son contrarios a las normas comunitarias. Antes de las elecciones de diciembre pasado, volvieron a manifestarse en Madrid. Siguen sintiéndose discriminados respecto a sus compatriotas que no emigraron.

La presidenta de la FEAER recuerda que los jubilados españoles solo pagan impuestos si sus ingresos anuales superan los 22 000 euros, siempre y cuando no dispongan de una segunda fuente de ingresos. Sin embargo, muchos retornados, además de la renta de base, cuentan con una complementaria como el segundo pilar [caja de pensiones]. Y aunque perciban las dos rentas del mismo país, el fisco español las considera como dos ingresos diferentes, por lo que los pensionistas están obligados a tributar a partir de los 11 200 euros anuales.

Por tanto, la lucha no ha acabado. Eva Foncubierta aconseja a los emigrantes que se plantean volver a España que “se preocupen antes por saber cuántos impuestos van a tener que pagar, porque se pueden llevar sorpresas”.