Suiza penaliza severamente la ayuda a ‘sin papeles’

Norbert Valley ante la Fiscalía de Neuchâtel, durante una primera manifestación de apoyo al pastor el pasado mes de octubre. © Keystone / Jean-christophe Bott

Proporcionar alimento, algo de dinero o una cama a un migrante indocumentado es ilegal en Suiza. Cientos de personas son condenadas cada año por violar la Ley de Extranjería. Comunidades religiosas, asociaciones y políticos reclaman una adaptación legislativa para evitar esos “delitos de solidaridad”.

El domingo 12 de febrero de 2017, el pastor Norbert Valley oficia el culto de la Iglesia Evangélica del Arc Jurassien en Le Locle. Sus colegas le señalan repentinamente la presencia de agentes de policía en la entrada de la sala.  Interrumpe la celebración, camina a su encuentro y se entera de que debe seguirlos hasta la estación para ser interrogado: Norbert Valley es sospechoso de haber violado la Ley de Extranjería.

Artículo 116, apartado la de la Ley de ExtranjeríaEnlace externo

“Se castigará con una pena de privación de libertad de un año o más o con una pena pecuniaria a toda persona que: en Suiza o en el extranjero, facilite la entrada, salida o estancia ilegal de un extranjero o participe en los preparativos para tal efecto”.

En agosto de 2018, el pastor recibe una multa condicional de 1 000 francos y debe pagar 250 francos de costos judiciales. Su crimen: ofrecer refugio a un miembro de la comunidad, un solicitante de asilo recién rechazado y que se encontraba en una situación extremadamente precaria. 

Norbert Valley presentó un recurso contra su condena y este jueves (11.04) rindió declaraciones ante el Ministerio Público de Neuchâtel.  La dependencia informó que emitirá una decisión en tres o cuatro semanas.

Una delegación de unas 85 personas, activistas de Amnistía Internacional, miembros de la comunidad religiosa de Sant’Egidio y del Grupo de San Francisco acudieron a manifestar su apoyo al pastor.

Valley se ha dicho dispuesto a llegar hasta a la Corte Europea de Derechos Humanos.

En total, 785 condenas

La historia de Norbert Valley no es un caso aislado. Desde la revisión de la Ley de Extranjería en 2008, ayudar a los inmigrantes indocumentados es ilegal, incluso si las motivaciones son absolutamente honorables. Diversos casos han sido dados a conocer: la política del Tesino Lisa Bosia Mirra fue condenada en 2017 por ingresar a Suiza a menores no acompañados, Anni LanzEnlace externo, de Basilea, fue castigada el pasado mes de diciembre luego de traer a Suiza, desde Italia, a un solicitante de asilo enfermo obligado a dormir en la calle, y Flavie BettexEnlace externo, de Vaud, fue multada por albergar a un solicitante de asilo que había sido rechazado con el acuerdo de las autoridades cantonales. Esta última fue finalmente absuelta, y las otras presentaron recurso.

Sin embargo, la gran mayoría de los casos siguen en la sombra. Según cifrasEnlace externo de la Oficina Federal de Estadística, en 2017 fueron condenadas 785 personas por facilitar la entrada, salida o estancia ilegal de un extranjero. El número de condenas es especialmente elevado en los cantones de Vaud (113), Tesino (91) y Basilea-Ciudad (85).

Es imposible saber si los autores de esas infracciones a la Ley de Extranjería actuaron con fines lucrativos o humanitarios. Muy pocos cuestionan su condena, ya que la mayoría teme posibles represalias o carece de recursos. Los procedimientos judiciales son costosos, Norbert Valley ya ha tenido que pagar varios miles de francos. Ha recibido apoyo financiero de otras comunidades religiosas y de Amnistía Internacional.

Modificación de la ley

“Criminalizar un acto de solidaridad es absurdo y demuestra hasta qué punto las autoridades están dispuestas a tratar de doblegar este impulso humanitario”, ha declarado Amnistía InternacionalEnlace externo. Esta última y la organización Solidaridad sin Fronteras dirigieron una peticiónEnlace externo a los parlamentarios federales para que modifiquen la Ley de Extranjería. Una iniciativa parlamentariaEnlace externo presentada por la diputada de los Verdes Lisa Mazzone propone una adaptación legislativa para que aquellos que prestan asistencia no sean castigados si sus motivos son honorables.

Suiza es uno de los países particularmente severosEnlace externo con las personas que ayudan a los inmigrantes indocumentados, sus prácticas se acercan a aquellas de Rumania, Bulgaria, Letonia y Dinamarca. Contrariamente, muchos Estados europeos, como Bélgica, Italia y el Reino Unido, consideran que las personas que actúan por motivos esencialmente humanitarios no deben ser castigadas. Francia ha cambiado recientemente de opinión tras la lucha de varios ciudadanos que acogen y apoyan a los inmigrantes. El Consejo ConstitucionalEnlace externo finalmente dictaminó el verano pasado que una ayuda desinteresada en una estancia irregular ya no podía ser objeto de acciones judiciales.

A nivel internacional, el ProtocoloEnlace externo de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de migrantes precisa claramente que la infracción penal solamente se retiene cuando los actos han sido cometidos con el propósito de obtener un beneficio material o financiero. Sin embargo, la directivaEnlace externo europea que define la ayuda a la entrada, tránsito y estancia irregulares, deja a los Estados la libertad de castigar o no los actos puramente humanitarios. Amnistía Internacional recomienda a la Comisión Europea reformar su legislación.

Traducido del francés por Marcela Águila Rubín