Suecia se convertirá en el 24 Estado miembro de la UE que participe en la Fiscalía Europea

Bruselas, 6 jun (EFE).- Suecia ha pedido formalmente a la Comisión Europea unirse a la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), un paso que Bruselas confió pueda formalizarse este año y que aumentará a 24 el número de Estados miembros que forman parte de ese organismo.

«Ayer recibimos la petición formal de Suecia de unirse a la EPPO. La CE saluda esta decisión. Es un paso importante en términos de cooperación de los servicios de fiscales y para la protección de los intereses financieros de la UE», dijo el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

El próximo paso que deberá dar la Comisión serán los «arreglos técnicos» y la fecha en la que se concretará la incorporación, indicó el mismo portavoz, que precisó que el Ejecutivo comunitario tiene hasta cuatro meses para hacerlo.

«Esperamos que (Suecia) aún se una formalmente este año, lo que llevará a 24 el número de países que participan», señaló Wigand.

La Fiscalía Europea contra el Fraude es un órgano independiente que empezó a funcionar el 1 de junio de 2021 con el objetivo de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión, como fraude o corrupción.

Con sede en Luxemburgo, en la actualidad participan en ella veintitrés Estados miembros de la Unión, entre ellos España.

La directora de la Fiscalía Europea es la jurista rumana Laura Kövesi, antigua fiscal anticorrupción en su país.

El objetivo de la EPPO es corregir las limitaciones que las fronteras imponen a las autoridades de cada Estado a la hora de investigar los delitos transnacionales y combatir el fraude contra las finanzas de la UE.

Para ello, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE y para ejercer la acción penal contra sus autores y llevarlos a juicio.

En concreto, realiza investigaciones transfronterizas sobre casos de fraude por un importe superior a 10.000 euros en fondos de la UE o sobre casos de fraude transfronterizo en materia de IVA que supongan un perjuicio superior a 10 millones de euros. EFE

mb/rja/ah