Suspenden durante seis meses al fiscal peruano que investiga a Keiko Fujimori

Lima, 7 abr (EFE).- La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público de Perú suspendió durante seis meses al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien lleva adelante la investigación por la presunta financiación irregular de las campañas electorales de la líder política Keiko Fujimori.

Una resolución de la ANC, emitida este lunes y difundida por medios locales, informó que Pérez está «impedido de ejercer durante ese periodo las atribuciones propias de la condición de fiscal» provincial del Primer Despacho del Equipo Especial Lava Jato, por presuntas faltas administrativas.

La resolución señaló que «el apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad, que comprometen la dignidad del cargo y desmerecen al fiscal en su concepto público».

Tras conocerse la medida, Pérez declaró a la emisora RPP que se trata de una decisión «injusta y abusiva» y que los fiscales peruanos afrontan «tiempos difíciles y de resistencia».

«Hoy nos toca resistir frente a autoridades que han hipotecado su función a organizaciones criminales investigadas», dijo.

Añadió que ha sido retirado del cargo debido a un «pacto ilícito» en el que, según afirmó, intervino el jefe de la ANC, Juan Fernández Jerí, con el abogado del partido fujimorista Fuerza Popular.

Sostuvo, al respecto, que la fiscal general, Delia Espinoza, ha tenido una «nula acción» ante la actuación del funcionario.

«Lamentablemente, la señora Delia Espinoza no solicitó las medidas cautelares respectivas para frenar el accionar del jefe de dicha autoridad de control, Fernández Jerí, por lo tanto me voy», indicó.

El fiscal anunció, sin embargo, que interpondrá recursos legales para buscar revertir una medida que, según consideró, no tiene justificación alguna.

El procedimiento y el juicio a Fujimori

La ANP indicó que el procedimiento disciplinario se dio por una afectación a su idoneidad para permanecer en el cargo, ya que supuestamente «actuó en un proceso a sabiendas que se encontraba impedido de hacerlo».

Se refirió a un fallo que dio en agosto de 2024 el Tribunal Constitucional para anular una disposición fiscal que rechazó excluirlo de un proceso penal que se seguía contra el abogado Arsenio Oré por presunta obstrucción a la justicia relacionada al ‘caso Cócteles’, por el que se investiga a Fujimori.

La Justicia peruana ratificó el pasado 3 abril la decisión de anular el juicio contra Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en respaldo de una decisión del Tribunal Constitucional (TC).

En ese sentido, se declaró infundada una apelación presentada por Pérez, por lo que el Ministerio Público deberá volver a elaborar parte de la investigación y presentar una nueva acusación, un proceso que, según expertos, puede tardar entre un año y un año y medio.

A partir de ese momento, un juez deberá decidir si abre juicio oral contra Fujimori y otras 32 personas vinculadas al partido Fuerza Popular, que son procesadas por los presuntos aportes ilegales a sus campañas de parte de empresas como la brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos.

Pérez había pedido que la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció en noviembre pasado, sea condenada a 30 años y 10 meses de prisión. EFE

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