ONG contra la corrupción denuncia a Ennahda por financiación «dudosa»
Túnez, 5 oct (EFE).- La ONG tunecina Iwatch, especializada en la lucha contra la corrupción, anunció hoy que presentará una denuncia ante la Fiscalía contra el partido islamista Ennahda -la principal fuerza del Parlamento y suspendido desde hace dos meses- por un supuesto caso de financiación «dudosa» durante los diferentes comicios celebrados desde 2014.
En un comunicado de prensa, la organización explicó que, ante el «sospechoso silencio» de las instituciones estatales, interpondrá una querella ante el Tribunal de Cuentas para aplicar los procedimientos de la ley electoral, que prohíbe la financiación extranjera y anónima de las campañas de partidos y candidatos.
Asimismo denunció que existen sospechas de que Ennahda podría haber violado igualmente la ley de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales.
Iwatch recordó que la formación conservadora firmó varios contratos de lobby durante las legislativas de 2014 y 2019, además de las municipales de 2018 y la celebración de su décimo congreso nacional de 2016. Estos dos últimos eventos, subrayó, fueron concedidos a la multinacional de relaciones públicas Burson-Marsteller por un valor de más de 350.000 dólares.
Dos semanas antes, un total de 130 responsables y miembros del partido, entre los que se encuentran dirigentes de primera línea como el exministro de Sanidad Abdellatif Mekki o el diputado Samir Dilou, anunciaron su dimisión colectiva como protesta contra las decisiones de la directiva que, consideran, le han llevado a perder su credibilidad y a su aislamiento político.
Desde su legalización en 2011, la formación conservadora ha ganado gran parte de las elecciones en el país a excepción de las legislativas de 2014, lo que no ha impedido que pierda a cerca de un millón de electores.
A finales de agosto, la Instancia Nacional de Lucha Contra la Corrupción (INLUCC) fue clausurada por las fuerzas de seguridad y su presidente durante el último lustro, Chawki Tabib, puesto en arresto domiciliario acusado de fraude y falsificación de documentos.
En el último informe mundial sobre corrupción de la ONG Transparencia Internacional, Túnez se situó en el puesto 69 de un total de 180 países, apenas cuatro puntos menos que hace una década.
El pasado 25 de julio, el presidente de la República, Kais Said, anunció el estado de excepción, que incluyó el cese del primer ministro, la suspensión de la Asamblea y la retirada de la inmunidad parlamentaria «para recuperar la paz social».
Mientras Ennahda y la mayoría de partidos calificaron esta decisión de «golpe de Estado», otras formaciones consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución que puso fin a dos décadas de dictadura de Zine el Abedin Ben Ali.
Desde entonces, la Justicia ha abierto numerosas investigaciones y ha adoptado medidas cautelares -como la prohibición de abandonar el territorio y arrestos domiciliarios- contra altos cargos de instituciones, magistrados, hombres de negocios y diputados. EFE
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