Tribunal boliviano cita a Evo Morales y Luis Arce a declarar por crisis política de 2019

La Paz, 25 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales fueron citados por un tribunal para declarar como testigos a solicitud de la defensa del líder opositor Luis Fernando Camacho, principal acusado en el proceso ‘golpe de Estado I’ por la crisis de 2019, y en caso de no presentarse ordenarán su aprehensión.

La orden de citación insta a Arce y a Morales a presentarse a declarar en una audiencia fijada para el próximo 31 de marzo, cada uno «en calidad de testigo de descargo» a solicitud de la defensa del suspendido gobernador opositor del departamento de Santa Cruz, principal acusado en ese proceso.

También se extendió la misma citación al exvicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, y a Carlos Romero, quien fue ministro de Gobierno (Interior) del exgobernante.

Nelson Cox, uno de los abogados de Morales, dijo a EFE que «no correspondería» que el exgobernante se presente a brindar esa declaración debido a que los sucesos en 2019 «son hechos que en su narración y documentación están plenamente acreditados» en el proceso judicial.

Asimismo, Cox consideró que la emisión de estas citaciones es parte de una «estrategia jurídica» de la defensa de los acusados para instalar un «argumento dilatorio» dentro del juicio que está cerca de finalizar.

Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, bajo resguardo de cientos de sus seguidores que impiden que se ejecute una orden de aprehensión en su contra por un caso de trata de personas agravada.

El caso ‘golpe de Estado I’ se inició a partir de la denuncia de una exdiputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas que ocasionaron su renuncia se debieron a un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

Luis Fernando Camacho fue imputado por los delitos de «terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, asociación delictuosa», por haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país.

La expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) también estaba acusada en este proceso como «cómplice».

Sin embargo, en la audiencia inicial del caso ‘golpe de Estado I’, de mediados de octubre de 2024, el tribunal decidió apartar a Áñez del proceso tras valorar que ya fue juzgada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.

En dicho juicio, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de asumir ilegalmente en la Presidencia de Bolivia en 2019, después de la renuncia de Morales y otras autoridades situadas en la línea de sucesión, cuando ella era segunda vicepresidenta del Senado.

La oposición cuestiona constantemente que Morales y García Linera no declararan ante la Justicia, al ser considerados como los principales afectados por los hechos de 2019, mientras que señala a Arce de ser el principal beneficiado de esos sucesos de ese año porque le permitieron llegar a la Presidencia. EFE

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