Tribunal condena al Gobierno de Costa Rica por lesionar los derechos de la población LGTBI

San José, 22 nov (EFE).- La Sala Constitucional de Costa Rica condenó este viernes al Estado por lesionar los derecho de la población LGTBIQ con la decisión del presidente del país, Rodrigo Chaves, de retirar la declaratoria de interés cultural a la marcha del Día del Orgullo, un día antes de que se realizara.

En un fallo anunciado este viernes sobre un recurso de amparo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia afirmó que el retiro de la declaratoria de interés cultural «carece de un fundamento objetivo y técnico» y que el Gobierno citó «motivos ayunos de sustento para justificar la actuación».

«Se está haciendo uso de una posición de poder para dejar sin efecto un acto previamente emitido de conformidad con el ordenamiento. Se incurrió en un acto no solo arbitrario, sino absolutamente intempestivo, al ser emitido tan solo un día antes de la marcha y carente de todo fundamento, lesionando con ello, de forma flagrante, los derechos fundamentales de una población minoritaria y vulnerable como lo es la LGBTIQ+», indica un comunicado de la Sala Constitucional.

El tribunal condenó al Estado al pago de costos, daños y perjuicios, en caso de que los afectados decidan reclamarlo en un proceso contencioso administrativo.

La Sala Constitucional indicó que, aunque la declaratoria de interés cultural no implica concesiones fiscales o materiales por parte del Estado, sí genera efectos como el de la visualización de la actividad o evento, y el de sensibilización de parte de la sociedad, en beneficio de un determinado público o población.

El pasado 29 de junio el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, canceló la declaratoria de interés cultural de la Marcha del Orgullo, un día antes de su realización, y de paso despidió a Nayuribe Guadamuz como ministra de Cultura, y a Ricardo Sosa como comisionado de Inclusión Social, por haber aprobado la declaratoria.

Según justificó el Gobierno, la declaratoria de interés cultural de la marcha se tramitó sin la autorización del presidente o su despacho, y anunció que tras lo sucedido se revisarán los procesos administrativos para «evitar futuros errores como el ocurrido en este caso».

La marcha se llevó a cabo el pasado 30 de junio con la participación de miles de personas, como ya es costumbre desde hace unos 15 años.

En 2023, con Chaves ya en el Gobierno, la marcha se desarrolló con normalidad y con la declaratoria de interés cultural.

En julio pasado Chaves negó cualquier tipo de persecución contra la población sexualmente diversa y aseguró que respeta los derechos de todos los ciudadanos del país. EFE

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