Un muerto tras violenta incursión de fuerzas de Ortega en norte de Nicaragua

Álvaro Leiva, secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), habla durante una conferencia de prensa ceelbrada el 3 de julio de 2018 en Managua afp_tickers

Al menos un muerto dejó una violenta incursión de fuerzas antimotines y grupos armados ilegales en el norte de Nicaragua, sin que la presencia de organismos internacionales logre parar la violencia que deja más de 220 muertos en 75 días de protestas contra el gobierno.

Unas 40 camionetas con antimotines y hombres de civil armados y encapuchados entraron a La Trinidad, 125 km al norte de Managua, en el departamento de Estelí, donde desmontaron un bloqueo en la que mantenían manifestantes en la carretera internacional.

Un miembro de las fuerzas del gobierno murió, según medios oficialistas, que celebraron la apertura del paso de la carretera. Varios manifestantes resultaron heridos, según activistas de derechos humanos.

Pobladores y la Iglesia católica denunciaron que «miembros de la policía» y «grupos paramilitares» mantenían rodeado el templo La Candelaria, en cuyo interior permanecerían sacerdotes y decenas de fieles atemorizados.

El asedio continuaba hacia la medianoche del martes, según reportes de activistas de las protestas.

«Pido a la dirección nacional de la policía suspender dicha acción de acoso, para que dichos fieles puedan retornar a sus hogares», manifestó el cardenal Leopoldo Brenes.

Más temprano, «los paramilitares» interceptaron a cuatro sacerdotes cuando iban a La Trinidad a intentar «dialogar para evitar enfrentamientos entre manifestantes y policías», declaró a AFP uno de ellos, el padre Eugenio Rodríguez.

Policías y paramilitares se instalaron en la casa de cultura, la alcaldía de La Trinidad y rodearon también el hospital. Hicieron «anillos para que la población no tenga salida», aseguró Merling Solís, representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) en Estelí.

«Nos andan persiguiendo. Hay una cacería de brujas», dijo por teléfono a AFP, bajo anonimato, un joven que estaba en el tranque (bloqueo).

Otros grupos armados incursionaron en Jinotepe (suroeste), donde unos 400 transportistas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá están varados en un bloqueo, según el embajador salvadoreño Carlos Jirón, quien pidió que los dejen llegar a su destino.

– «Compromiso con las víctimas» –

Pese a que persiste la represión, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de grupos de la sociedad civil-, que llama a las manifestaciones, convocó a un plantón este miércoles y a una marcha el sábado.

Las manifestaciones, que estallaron el 18 de abril, exigen la salida del presidente Daniel Ortega, a quien acusan de instaurar el nepotismo y una dictadura con su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y de una brutal represión.

Ante la grave situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló este martes un grupo de expertos internacionales de reconocida trayectoria que investigará violaciones a derechos humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) trabajará por seis meses prorrogables para investigar los hechos de violencia y recomendar acciones de reparación a las víctimas y familiares, según la CIDH.

«Nuestro compromiso es con las víctimas frente a quienes nos comprometemos a la búsqueda de la verdad más allá de quienes sean los perpetradores», dijo el italiano Amérigo Incalcaterra, al leer un comunicado ante la prensa en Managua.

Además de Incalcaterra, el GIEI lo integran la exfiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz, la socióloga peruana Sofía Macher y el fiscal argentino Pablo Parenti, investigadores de sonados casos de violación de derechos humanos en América Latina.

La CIDH, que desde hace diez días desplegó a un grupo de técnicos en Nicaragua, ha exigido el cese de la represión y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales.

En Twitter, pidió a las autoridades «adoptar medidas para respetar y garantizar la vida» de los pobladores de La Trinidad que están «sitiados» y en «grave riesgo».

– «Crisis sin control» –

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) registra 309 muertos -288 identificados-, mientras que el CENIDH y la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) reportan unos 220 fallecidos y una docena más en verificación.

«La seguridad ciudadana como un derecho humano está en una profunda crisis, sin control», dijo el secretario de ANPDH, Álvaro Leiva.

La violencia deja además más de 1.500 heridos y medio millar han sido detenidos, mucho arbitrariamente, según la CIDH.

En las afueras de la cárcel de máxima seguridad El Chipote, en Managua, decenas de familiares de detenidos recibieron angustiados la noticia de que muchos fueron trasladados a la prisión La Modelo, la más grande del país.

Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza dialogan en busca de resolver el conflicto. Ortega «va a defender su permanencia en el poder a toda costa», declaró a la AFP el analista Mauricio Díaz.

Ortega, exguerrillero sandinista de 72 años, estuvo en el poder por una década luego de que una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979, y desde 2007 ha sido reelegido presidente por tres períodos consecutivos.