Un subsidio para «no matar»: jóvenes arrebatados a la violencia en Colombia

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Según las leyes criminales del barrio en el que creció en el Pacífico colombiano, Franklin Mina debió ser un pandillero. Pero en cambio es un comerciante y estudia gracias a un subsidio que el presidente Gustavo Petro denominó «pagar por no matar».

El joven de 27 años creció entre disparos y sangre en Buenaventura, el mayor puerto del país en este océano y teatro de una feroz diputa entre dos bandas que se hacen llamar Los Shottas y Los Espartanos.

«Yo desde muy niño conozco lo que es una pistola, lo que es una bala (…) (eso) deja unas secuelas, eso no solamente afecta el ser del joven, sino también su pensamiento», dice a la AFP en esta ciudad de 324.000 habitantes.

Mina esquivó el mundo del crimen empeñado en estudiar. Hace pocos meses empezó un negocio con el subsidio de unos 250 dólares mensuales que el gobierno de Petro creó para hombres y mujeres entre 14 y 28 años, susceptibles de enrolarse en grupos armados ilegales. 

«Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar en la violencia, por estudiar. Les vamos a dar una ayuda», anunció el presidente izquierdista en 2023.

A la fecha, casi 3.000 jóvenes son beneficiaros del programa en ciudades como Bogotá, la capital, y Medellín, donde el gobierno dialoga con organizaciones criminales herederas del abatido capo de la cocaína Pablo Escobar.

También en los municipios Puerto Tejada y Guachené en Cauca (suroeste), un departamento dominado por disidentes de la extinta guerrilla FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. 

Los Shottas y Los Espartanos están en negociaciones con el gobierno para su desarme.

La oposición asegura que el programa bautizado oficialmente como «Jóvenes en Paz» en realidad está financiando a miembros de grupos armados con dinero del Estado.

Además denuncian corrupción en la selección de los beneficiarios, alegando casos sospechosos que el gobierno atribuye a un daño ya resuelto en la plataforma de inscripción. 

– «Para seguir adelante» –

Para recibir el subsidio, los jóvenes deben estar en extrema pobreza, tener riesgo de ser reclutados por una banda criminal por vivir o haber vivido en las zonas en las que operan y no tener órdenes de captura.

En Buenaventura, de mayoría afrodescendiente, la pobreza alcanza al 40% de los habitantes y el desempleo a más del 25%.

Mina reconoce que algunos de sus amigos y familiares han tomado el camino de las pandillas, que se financian con el narcotráfico, la extorsión y otros negocios ilegales.

Él prefirió dedicarse a la informática y con el dinero de «Jóvenes en Paz» compró un computador, una impresora e insumos para abrir una pequeña papelería que ahora atiende. 

La violencia es «un problema que es estructural, pero (este) es el inicio para poder transformarnos», celebra.

Cristina Martínez (26 años) lamenta que otras chicas trans como ella fueron reclutadas a la fuerza por las bandas y obligadas a esconder su identidad. 

«Hay unas que están pero bajo cuerda (…) trabajando, como se dice cayetano», es decir, guardando silencio y sin revelar su pertenencia a la comunidad LGBTIQ+, dice.

Trabajó por poco tiempo como mesera, pero sufre de rechazo y falta de empleo. 

«Antes me tocaba que estar moviéndome de un lugar a otro para conseguir unos dos, tres pesos (…) ahorita con este programa no tengo más esa necesidad de moverme a otros lugares a exponerme para conseguir un dinero para seguir adelante», asegura. 

El subsidio para cada joven es por 18 meses o menos si incumplen con los compromisos. 

– «Malos pasos» –

El primer gobierno de izquierda del país intenta desactivar seis décadas de guerra con políticas alternativas a la ofensiva militar. Petro apuesta por atacar las causas de la violencia y negociar la paz.

Como parte de los diálogos, Shottas y Espartanos se comprometieron a dejar de extorsionar en algunas plazas de mercado en Buenaventura. 

Cristina y otros jóvenes reciben clases sobre emprendimiento, salud mental, medio ambiente, entre otras. 

Algunas de sus compañeras van con sus bebés de brazos. 

Con el subsidio, Patricia Riascos (21 años) paga los boletos de autobús para estudiar hotelería, turismo y medicina alternativa. También le sirve para ayudar a su hermano menor, a quien recientemente ha visto con amigos que andan en «malos pasos». 

«Las personas que estamos acá no somos bandidos, estamos en el riesgo de convertirnos por decirlo así en bandidos, (…) pero somo personas que queremos cambiar nuestra vida», asegura. 

das/lv