Una fiscalidad «justa y progresiva» para sacar de pobres a 70 millones de latinoamericanos
Madrid, 9 dic (EFE).- Unos sistemas fiscales «justos y progresivos» en Latinoamérica, que graven, por ejemplo, las grandes concentraciones de riqueza de grupos reducidos, permitirían recaudar un 4 % más del PIB regional y sacar de la pobreza a 70 millones de personas, planteó este lunes Oxfam.
«Si nosotros miramos cuánto paga (en impuestos), por ejemplo, el uno por ciento más rico, vemos que destina aproximadamente 20 dólares de cada 100 de riqueza, mientras que las clases medias y los grupos más empobrecidos pagan cerca de 40 dólares de cada 100 de ingresos», ilustró en declaraciones a EFE Verónica Paz, coordinadora de Investigación y Políticas de esta ONG en Latinoamérica y el Caribe.
Por lo tanto, lo que se requiere es «sistemas tributarios que logren resolver esas diferencias» con recaudaciones orientadas específicamente al desarrollo y el bienestar de la población, la defensa de los derechos humanos y proteger el gasto social.
Existen varios países, describió, que no tienen impuestos a las herencias o a los dividendos empresariales.
«A diferencia de países de la Unión Europea o de la OCDE, por ejemplo, América Latina recauda cerca de 14 puntos porcentuales del PIB menos», comentó Paz, que participó en un debate organizado por Oxfam y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
«Y requerimos hacer precisamente estos pactos fiscales, tanto a nivel regional como a nivel local, para cambiar esta lógica de una movilización de recursos que ha sido insuficiente», señaló a EFE, para revertir las brechas socieconómicas que afectan a mujeres, comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
«Responsabilidad ética de las grandes empresas y fortunas»
Sin esos cambios, «va a ser muy difícil» movilizar los recursos que requiere América Latina para reducir la pobreza, mitigar los impactos del cambio climático y para, por ejemplo, resolver o generar sistemas y políticas de cuidados», argumentó Paz, ya que a esta última actividad y al trabajo doméstico se dedican ampliamente las mujeres y sin remuneración.
Equiparar los impuestos de las rentas del capital a los del trabajo y reforzar la lucha contra el fraude, la evasión y las «exoneraciones» fiscales que han durado decenios para algunos sectores económicos son otras propuestas.
«Existe una responsabilidad ética de los sectores empresariales, de las grandes corporaciones y de las grandes riquezas que, por ahora, no están tributando lo suficiente -dijo Paz- (…) Si se construyen reglas comunes entre los países de la región, podríamos evitar, por ejemplo, que los grandes flujos de inversión extranjera directa se vayan hacia paraísos fiscales».
Y esas reformas no se han acometido porque, básicamente, muchas veces, precisó, «las personas que están en la decisión de políticas públicas responden también a los intereses de los grandes capitales».
En el debate, el presidente de la Fundación Euroamérica, Fernando Jauregui, comentó que un pacto regional fiscal no es posible si no hay un mercado regional organizado, y América Latina está «totalmente fracturada».
Es necesario generar una capacidad de desarrollo productivo propio para acabar con la desigualdad, con una cultura de alianzas público-privadas, indicó. Para que las economías no solo sean extractivas, se necesita tecnología para procesos de trasformación de esos recursos y añadirles valor en los propios países.
Según Paz, independientemente de que haya o no un mercado común, «todos los países de América Latina pueden transitar hacia sistemas tributarios en los cuales las grandes riquezas y los capitales paguen más, sobre todo, paguen lo justo», insistió.
La embajadora española en Misión Especial para la Financiación del Desarrollo, Mónica Colomer, indicó que España cree que una fiscalidad justa y progresiva es «esencial» para movilizar recursos internos y por su impacto redistributivo frente a la concentración de la riqueza, así como la cooperación fiscal internacional para evitar la «huida de capitales».
Espera un compromiso en ese sentido en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Sevilla de 2025.
España también apuesta por la suspensión de la deuda pública con pactos, también con los países de renta media, sobre crisis climática, sanitaria o de inseguridad alimentaria y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. EFE
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