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Amnistía denuncia la política suiza de asilo

Un retorno forzado a Bulgaria desde el aeropuerto de Kloten (Zúrich). Keystone Archive

Amnistía Internacional solicita firmeza del Comité Contra la Tortura (CCT) de las Naciones Unidas con respecto a Suiza.

La rama suiza de esa organización deplora el endurecimiento de la ley sobre el asilo y del tratamiento infligido a solicitantes expulsados.

Este viernes (06.05) y el próximo lunes (09.05), las autoridades tendrán que exponer al CCT las medidas adoptadas para prevenir y castigar los actos de tortura en Suiza.

El CCT quiere hacer el balance de diversos aspectos, desde la ley de asilo hasta las expulsiones forzadas pasando por los derechos de las personas detenidas por la policía y las transferencias de prisioneros.

Amnistía Internacional concentra sus críticas en el proyecto de ley presentado en noviembre pasado por el ministro de Justicia y Policía. Ese instrumento jurídico define las medidas autorizadas para expulsar a los extranjeros que rechacen dejar el país de manera voluntaria.

El proyecto enlista diferentes instrumentos –esposas, pistolas eléctricas, matracas- que son autorizados. En determinados casos, algunos de ellos ya son utilizados.

Cabe subrayar que desde 1999 al menos dos extranjeros –un palestino y un nigeriano- han muerto en el curso del procedimiento de su expulsión.

«Siempre hemos dicho que las armas que provocan choques eléctricos no deberían ser empleadas antes de que un estudio médico establezca claramente las consecuencias de su empleo», declara Denise Graf, coordinadora para los refugiados de la sección suiza de Amnistía Internacional.

Solicitantes de asilo

La organización de defensa de los derechos del hombre ha manifestado también su inquietud ante las propuestas para el endurecimiento de ley en materia de asilo. Esa medida aumentaría la presión sobre los solicitantes rechazados para que abandonen el país.

«Con el cambio de la ley, el período máximo de detención sería duplicado. Los solicitantes podrían permanecer detenidos hasta 24 meses sin haber cometido delito alguno», denuncia Denise Graf.

«Por otra parte, los refugiados y los solicitantes tienen cada vez más dificultades para tener acceso a un abogado. Nos preocupa también el aumento de las violaciones de los derechos humanos cometidos por agencias de seguridad privadas que laboran en los centros de asilo», añade.

A la espera de respuestas

El CCT publicó una lista de los temas que desea abordar durante este análisis con las autoridades suizas.

El Comité reclama mayores detalles sobre las expulsiones forzadas. También quiere saber si las directivas intercantonales introducidas en el 2002 prohíben que las personas expulsadas sean embozadas por la policía.

Las autoridades suizas también tendrán que ofrecer precisiones sobre los derechos de los solicitantes de asilo detenidos en los aeropuertos de manera previa a su expulsión. El Comité requiere información sobre qué máximo de tiempo y bajo qué condiciones pueden permanecer detenidos, y qué posibilidades tienen de acceso a beber agua, alimentarse y acudir a los sanitarios.

El CCT también quiere saber por qué la definición de tortura contenida en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, y ratificada por Suiza en 1986, no ha sido introducida en el Código Penal helvético.

Al frente de la delegación suiza estará Bernardo Stadelman. El vice-director de la Oficina Federal de Justicia declina comentar la posición de Suiza sobre esos diferentes rubros antes del final de los encuentros con el CCT.

José Luis Díaz, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos declara, por su parte, que el Comité presentará de aquí a finales de mes sus recomendaciones y observaciones con respecto a la aplicación de la Convención por parte de Suiza.

swissinfo, Adam Baumont
Traducción, Marcela Águila Rubín

El Comité contra la Tortura está integrado por 10 personalidades independientes encargadas de vigilar la aplicación de la Convención contra la Tortura y otras penas o tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.

Suiza es uno de los 139 Estados signatarios de esta Convención. La ratificó en diciembre de 1986.

La 34 sesión del CCT tiene lugar tiene lugar del 2 al 31 de mayo en Ginebra y examinará los esfuerzos interpuestos por siete Estados (Suiza, Togo, Canadá, Finlandia, Albania, Uganda y Bahrein) para prevenir y castigar los actos de tortura.

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