Asilo, el PS podría convocar a referéndum
El Partido Socialista (PS) anunció que convocará a referéndum en caso de que el Consejo de Estados (Cámara Alta) endurezca la ley en materia de asilo.
El proyecto de ley transgrede los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo y resulta oneroso para los cantones y las comunas, advirtió.
El proyecto de ley en materia de asilo será analizado por el Consejo Nacional (Cámara Baja) durante la sesión de otoño; sin embargo, el PS ha iniciado las consultas pertinentes en vista de un eventual referéndum, según informó este martes el presidente de esa organización política, Hans-Jürg Fehr.
En conferencia de prensa, añadió asimismo que el partido no estará solo en la batalla.
«Ningún endurecimiento adoptado por la Cámara de los Cantones es aceptable. Opondremos resistencia hasta el final», subrayó el dirigente socialista.
Acusó a los senadores de haber elegido una vía «extremadamente represiva» que viola los derechos humanos y atenta contra la tradición humanitaria de Suiza.
Rechazan supresión de ayuda social
Los cantones deploran sobre todo la supresión de la ayuda social a los solicitantes rechazados y la posibilidad de suprimir la ayuda de urgencia en caso de necesidad, señaló por su parte la consejera de estado (PS/Friburgo) Ruth Lüthi.
«Esas medidas sólo agravan el problema», enfatizó la también directora de los sectores locales de Salud y Asuntos Sociales.
Los gastos serán transferidos de la Confederación a los cantones y las comunas. Los cantones tendrán entonces menos recursos para consagrar a medidas como el programa ocupacional que es un buen instrumento de integración, ejemplificó la legisladora.
Un planteamiento falso
En su opinión, resulta totalmente falso pretender -como lo hace el ministro de Justicia (de la derechista UDC) Christoph Blocher- que el monto entregado por la Confederación es suficiente para cubrir los gastos de la asistencia social.
A guisa de ejemplo, indicó que el cantón de Friburgo recibe 60.000 francos del gobierno central mientras que su presupuesto asciende a unos 600.000 francos.
Las comunas son las primeras en resentir las consecuencias financieras de la acogida de los solicitantes de asilo, indicó por su parte Silvia Zamora, directora del sector de la Seguridad Social de Lausana.
La instalación de las personas cuyos casos han recibido una decisión de «no entra en materia» (rechazo inmediato) y de los solicitantes rechazados (tras análisis de sus expedientes) recae en la ayuda social y, con frecuencia, en las colectividades locales.
De acuerdo con un informe de la Oficina Federal de Migraciones (OFM), catones y comunas registraban a finales del 2004 un déficit de un millón de francos en términos de costos estructurales, recordó por su parte el alcalde de Zúrich, Elmar Ledergerber.
Retorno de la esclavitud
Para el munícipe, la supresión de la ayuda social para los solicitantes inmediatamente rechazados (sin entrar en materia), en vigor desde el primero de abril del 2004 ha empujado a una decena de personas a la clandestinidad.
La ampliación de la medida a todos los solicitantes rechazados, tal como lo decidió el Consejo de Estados en marzo, propiciará que cada año unas 10.000 personas entren en la ilegalidad, dijo.
De ese total, según sus estimaciones, entre una cuarta parte y la mitad estarían en Zúrich.
Las personas que se encuentran en condición de clandestinidad «viven en condiciones inhumanas, es una manera de reintroducir la esclavitud», denunció Ledergerber.
Propicia clandestinidad
Para el alcalde, la política del ministro de Justicia incrementa el número de las personas carentes de documentos, ‘sin papeles’, así como la criminalidad de supervivencia en las grandes aglomeraciones.
Empero, aclaró que Suiza puede acoger a solicitantes de asilo, no hay una situación de urgencia en materia de asilo.
Es menester «combatir a las redes de traficantes de personas en lugar de someter al hambre a las personas que han entrado al país», enfatizó.
Para concluir, el alcalde de Zúrich sentenció que la ciudad y la sociedad tienen necesidad de un enfoque pragmático y no ideológico.
swissinfo y agencias
Entre las sugerencias de la Comisión de las Instituciones Políticas (CIP) del Consejo de los Estados destacan:
La extensión de 9 a 18 meses del periodo máximo de detención para una persona cuya solicitud ha sido rechazada o no admitida.
La «detención por insumisión» para ilegales que no colaboren con las autoridades.
La exclusión del procedimiento de asilo para solicitantes sin documentos de viaje como pasaporte o tarjeta de identidad.
La exclusión de la asistencia social de toda persona cuya solicitud de asilo haya sido rechazada y la exclusión de la ayuda de emergencia para aquellos solicitantes rechazados que no colaboren con la autoridad.
Restricciones para la admisión provisional de personas por motivos humanitarios.
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