‘Cocaleros’, un antiguo problema

La hoja de coca significa para muchos campesinos su fuente de existencia Keystone

En Santa Cruz, Bolivia, se reúnen los 'zares antidroga' de 59 países en la XX Conferencia Internacional para el Control de Drogas. La suerte de unos 70.000 productores de hoja de coca pone el telón de fondo.

La sede no es casual. Bolivia es uno de los países aplicados en los programas de erradicación de las plantaciones de coca. En los últimos cuatro años ha destruido unas 40.000 hectáreas de ese cultivo.

Sin embargo, sigue siendo, con 20.200 toneladas anuales, el tercer productor mundial del arbusto sagrado para los nativos aymará y quechuas, pero sacrílego en la percepción del mundo occidental por su condición de materia prima para la elaboración de la cocaína.

Según el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, la cocaína «es la mayor amenaza» en materia de droga. Colombia habría cosechado 583.000 toneladas en el 2001, Perú 52.600 y Bolivia, 20.200.

Impacto en Suiza

El consumo de cocaína en Suiza representa un 4,2% en el conjunto de unos 30.000 drogadictos de diverso grado. Es cuarta en la preferencia de las sustancias alucinógenas, detrás de las drogas variadas, el hachís o la marihuana y la heroína. Es más consumida por personas de entre 15 a 39 años, pero también por estudiantes (1%) de 14 a 16 años, con poder adquisitivo.

Los gastos que el problema de drogadicción ocasiona al Estado helvético en programas de prevención, represión, terapia, reinserción social, etc. ronda los mil millones de francos por año.

En el rubro de la represión se incluye también a las personas arrestadas introduciendo cocaína de contrabando, particularmente las tristemente célebres ‘mulitas’ que arriesgan su seguridad, y a menudo terminan purgando penas en alguna cárcel de Suiza.

Estos datos difieren de lejos, por razones obvias, de los 2,8 millones de consumidores de drogas duras en Estados Unidos, a donde ingresan de contrabando 230 toneladas de cocaína y 13 de heroína cada año, con un lamentable saldo de 20.000 muertos. De ahí que George Bush pretenda reducir en cinco años, una cuarta parte del consumo en su país.

Dentro de ese marco condiciona la ayuda económica al «Plan Colombia», de Colombia, y al «Plan Dignidad», de Bolivia.

El Chapare y los ‘cocaleros’

El Chapare es una zona subtropical situada a 400 kilómetros al sureste de La Paz. Suele hacer titulares por los enfrentamientos de los ‘cocaleros’ y las tropas policiales y del ejército, ejecutoras de la erradicación de las plantaciones de coca. Se calcula que unas 70.000 personas y sus familias viven de esa fuente.

Los últimos choques en aquella región -poblada por miles de mineros que recalaron allí tras el cierre de las minas de estaño en 1985 y por los campesinos provenientes de regiones improductivas del país-, datan de fines de enero, con un saldo de siete muertos y numerosos heridos.

Quienes viven en El Chapare tienen, o tenían, un denominador común: plantar el arbusto de coca para sustentar la vida de sus familias. Esa particularidad atrajo a los narcotraficantes y, por ende, la respuesta del gobierno boliviano que, forzado por la política de EEUU en la materia, debió imponer programas drásticos de reducción de aquellos cultivos.

La piedra de choque son dos decretos, uno promulgado en 1988 fijando en 12.000 hectáreas la superficie autorizada, y otro denominado «Coca cero», que debe cumplirse en este año

Los programas de productos alternativos, palmito, bananos o cítricos, no ofrecen a los productores de coca los ingresos suficientes para subsistir ni pueden dar tres cosechas al año. De ahí su resistencia.

Las 12.000 hectáreas para el consumo interno se limitarían a las autorizadas en los valles de Los Yungas, a 100 kilómetros al norte de La Paz. El Chapare quedaría marginado de los cultivos legales de la hoja de coca, perspectiva a la que los ‘cocaleros’ se oponen por todos los medios posibles, en una confrontación desigual.

Reacciones en Suiza

«Sin el ánimo de hacer un juicio sobre las posiciones que se enfrentan en Bolivia, me parece que lo más problemático es la dureza de ellas, la dificultad de encontrar términos para dialogar en un momento donde la crisis económica en Bolivia y en otros países de América Latina está afectando fuertemente al segmento de la población más pobre», señaló a swissinfo Giancarlo de Picciotto, responsable de los Proyectos que ejecuta la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, en Bolivia, refiriéndose a los enfrentamientos de enero último entre ‘cocaleros’ y fuerzas de seguridad.

COSUDE destina 23 millones de francos a diversos proyectos de desarrollo en Bolivia, entre ellos a la Defensoría del Pueblo que atiende también a El Chapare.

La sección suiza de Amnistía Internacional sigue de cerca, por su parte, la evolución de los hechos en El Chapare, con especial atención en el respeto de los derechos humanos.

«Amnistía sigue preocupada por la vulnerabilidad que sufren ciertos grupos, especialmente de los defensores de los derechos humanos y sindicalistas», precisó Martha Fotsch, encargada de América Latina y el Caribe en la sección suiza de Amnistía Internacional.

Una actitud similar ha asumido la Asociación de Cristianos para la Abolición de la Tortura y de la Pena de Muerte, ACAT, mediante su división suiza, integrante de una red internacional en 30 países.

ACAT ha enviado una carta al presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, solicitando investigaciones imparciales sobre los hechos sangrientos de enero último.

La portavoz de ACAT-Suiza, Bettina Ryser Huanca considera que el problema de los ‘cocaleros’ es poco conocido en Suiza.»Yo pienso que aquí en Suiza, mucha gente no distingue entre la producción de la hoja de coca y la cocaína», puntualiza para ilustrar que muchos no están al tanto del profundo significado tradicional que tiene sobre todo en los pueblos aymara y quechua de Bolivia.

«La hoja de coca tiene una historia mucho más antigua que el problema de la droga», precisa.

Juan Espinoza