Contra el trabajo clandestino

Muchos llegan a realizar trabajos de temporada, por ejemplo en la construcción. Keystone Archive

Un proyecto de ley prevé multas de hasta un millón de francos y cinco años de cárcel en caso de reincidencia para quienes empleen la mano de obra ilegal.

El Consejo Federal (gobierno) transmitió al Parlamento, este miércoles (16.01) el bosquejo de una legislación de lucha contra el trabajo clandestino. El ministro de Economía, Pascal Couchepin, destacó la necesidad de «reprimir con decisión y firmeza el espíritu de lucro, la ausencia de sentido cívico y la explotación de los trabajadores».

El nuevo instrumento jurídico, que contiene disposiciones severas para impedir la ocupación indebida de mano de obra forastera, sería integrado en la nueva Ley de Extranjería, cuya promulgación está prevista para la primera parte del presente año.

Apelando al ejemplo de un empresario que admitió haber empleado clandestinos en la cosecha de tabaco, el ministro Couchepin anotó que «me he enterado de que Jean Fattebert ha suspendido sus actividades. No sé si lo hizo por virtud o por K.O. técnico».

La ley de lucha contra el trabajo clandestino prevé la posibilidad de excluir durante cinco años de los mercados públicos a los empleadores infractores.

El Consejo Federal ha mantenido esta posición, a pesar de las objeciones planteadas por los medios patronales y los círculos conservadores. «Se trata de una medida muy disuasiva», precisó el ministro Couchepin.

Aún no es alarmante

En opinión del titular de la cartera de Economía, la situación del trabajo clandestino en Suiza no es todavía dramática, porque se encuentra en la cola del pelotón de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

No obstante, el ‘mercado gris’ representó un 9% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir unos 37 mil millones de francos en la gestión 2001, según estudios recientes.

El Consejo Federal pretende reforzar la eficacia del sistema de vigilancia sin crear un Estado policial. «Para ser eficaz en la lucha contra el fraude fiscal es imperioso tener coordinación en todos los niveles de decisión», añadió Pascal Couchepin.

En tal sentido, los cantones deberán crear también órganos de control con competencias consolidadas. Esas comisiones, integradas por las partes sociales, tendrán libre acceso para desarrollar sus inspecciones en las empresas.

Competencias cantonales

Además de dar informaciones al fisco, las instancias señaladas comunicarán a la Secretaría de Estado de Economía (Seco) las sanciones aplicadas por las autoridades administrativas y de su cantón. La Confederación asumirá 30% de los gastos emergentes.

Simplificando el procedimiento administrativo se trata igualmente de no incitar al fraude a los empleadores. Las personas que ocupen una empleada doméstica o un jardinero por algunas horas semanales deberán simplemente hacer una declaración centralizada en los seguros sociales.

«Algunas horas de trabajo clandestino, aquí o allá, no es una catástrofe», señaló Couchepin al poner énfasis en que los verdaderos blancos de la ley son los «patrones que organizan todo un sistema para eludir impuestos fiscales y crear comportamientos delictivos y escandalosos».

El trabajo clandestino es un fenómeno social y económico que, sin ser legítimo, es sutilmente tolerado, sobre todo en sectores tales como la restauración y la construcción.

La nueva ley propuesta por el Gobierno Federal al Parlamento intenta trazar las líneas jurídicas que impidan a los empleadores buscar mano de obra barata y, por ende, la llegada de personas atraídas por un espejismo sin sustento legal.

swissinfo y agencias