En Suiza se necesita más valentía política

La Suisse d'abord? L'Europe d'abord? ou le blocage? Getty Images

¿Qué sucede cuando el voto de un pueblo contradice algún tratado internacional acordado por sus dirigentes? Aunque este debate es de total actualidad, no es novedoso, concluye un breve, pero bien documentado libro sobre el tema. El texto, además, propone soluciones.

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“Pacta sunt servanda” (los tratados deben ser honrados). Traducida directamente de la Constitución suiza, esta premisa obliga a “la Confederación Helvética y a los cantones, a respetar el derecho internacional” (artículos 4 y 5). El concepto está perfectamente claroEnlace externo entre los juristas, pero no así entre los políticos. Y, ¿qué tan claro lo tiene la población? De 15 años a la fecha, existe una tendencia creciente a aceptar iniciativas que contravienen los principios básicos de los compromisos internacionales. Algunos ejemplos: la prohibición de los minaretes, la reclusión de por vida de los delincuentes peligrosos, o la lucha contra la inmigración “masiva”.

En su más reciente libroEnlace externo ‘Democracia directa vs. derecho internacional’, el periodista Denis Masmejan se remonta al origen del problema, explicando que inició a principios de los años 50, con el caso Rheinau. Un grupo de defensores de los paisajes naturales decidió impedir la construcción de una central hidroeléctrica que estaba prevista a unos metros de las famosas Cataratas del Rin. Para conseguirlo, sacó la artillería pesada echando mano de una iniciativa popular federal. Pero esta última fue rechazada. El problema: proteger el paisaje suponía anular la concesión para la construcción de una central que ya había sido autorizada por los gobiernos de Suiza y Alemania.

Este caso sentó un precedente involuntario, pero la “guerra” aún no había sido declarada formalmente. Un caso de mucha mayor envergadura se registró en 1994, cuando la Iniciativa de los AlpesEnlace externo -impulsada por la población alpina suiza- recibió el apoyo popular en abierto desafío al Gobierno y al Parlamento. Esta solicitaba que el tráfico de mercancías se transfiriera de las carreteras a las vías férreas, decisión que violaba diversos tratados internacionales, incluido un Acuerdo sobre el Tránsito que habían logrado Berna y Bruselas tras una ríspida negociación. Luego de la votación, fueron necesarias laboriosas negociaciones para establecer un nuevo compromiso entre Suiza y la UE. Finalmente, se mantuvo el acuerdo europeo y la Iniciativa de los Alpes solo fue aplicada parcialmente.

Preferencias nacionales

Durante los últimos tres quinquenios, esta tendencia se aceleró, con textos que han emanado fundamentalmente (pero no solo) del campo nacionalista-conservador, encabezado por la UDC y sus aliados. A este respecto, Denis Masmejan admite que “ciertamente, hay más iniciativas en la actualidad», pero matiza explicando que lo que también sucedió es que durante los ‘Treinta Gloriosos’ -periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial-, se registraron muy pocas iniciativas populares porque fue un tiempo en el que se establecieron grandes compromisos entre la izquierda y la derecha moderada. Por otra parte, hoy en día, también influye que “la UDC, el primer partido de Suiza, posee una considerable fuerza de ataque que le permite golpear con fuerza sobre la mesa cuando una iniciativa no se respeta integralmente y expresar lo que no va”.

La investigación de Masmejan revela que este fenómeno no es privativo de Suiza. Hay otros países que también privilegian el derecho nacional por encima del internacional, creando un clima que evoca el retorno a la Europa de las naciones. «No siento la más mínima simpatía por el nacionalismo», precisa el autor, «pero hay que reconocer que la democracia -sea directa o no- se ejerce, actualmente, sobre todo en una esfera nacional. No hay un espacio público europeo, solo hay un parlamento, pero vemos que las elecciones son dominadas por una lógica nacional. Y quizás pueda parecernos lamentable, pero por ahora, es lo que hay”.

Además, ¿cómo pedir a los ciudadanos de un país que ni siquiera es miembro de la Unión Europea y que no siente simpatía por ella que su legislación nacional -legitimada por el voto del pueblo- sea anulada para dar prioridad algunas veces a los tratados internacionales?

«El gobierno debe hacer política»

Una solución radical de la que se habla con frecuencia sugiere analizar primero las iniciativas populares, con objeto de eliminar aquellas que contradicen al derecho internacional, evitando con ello someterlas siquiera a escrutinio. Se trata de un remedio eficaz en lo jurídico, pero totalmente inviable en lo político. Jamás conseguiría apoyo mayoritario y ningún partido está dispuesto en el presente a pagar el precio de encabezar esta propuesta.

Denis Masmejan reconoce que el margen de maniobra es estrecho, pero apoya, no obstante, una alternativa realista y viable que sugiere el grupo de reflexión ForausEnlace externo, consistente en expresar claramente antes del escrutinio -tanto a los autores de la iniciativa como a los votantes- si la iniciativa en cuestión contraviene algún tratado internacional. En caso afirmativo, se les consultaría -a través de una pregunta por separado-, si están a favor de suspender el tratado que resultaría irrespetado. Y si la respuesta es “no”, entonces la iniciativa popular tendría que ajustarse y aplicarse solo en la proporción en la que resulte compatible con el tratado internacional al que esté vinculada. De esta forma, las cosas serían claras para todo el mundo.

La falta de claridad privó en el caso de la iniciativa de la UDC “contra la inmigración masiva”. Pero nadie fue advertido en aquel momento. El 9 de febrero del 2014, con resultados muy reñidos, triunfó una propuesta para imponer cuotas a la entrada de inmigrantes que, en la actualidad,  ha sido vaciada de su sustancia para hacerla compatible con el Acuerdo de Libre Circulación de Personas que tenían en vigor Suiza y la UE.

“En este caso, el Gobierno hizo exactamente lo contrario a lo que debía”, dice Denis Masmejan, “antes del voto dijo: ‘cuidado, deben rechazar el texto porque si lo aceptan, nos arriesgamos a tener que suspender el Acuerdo de Libre Circulación’. Y hoy en día, en cambio, dice: ‘sí, pero en el fondo, como los ciudadanos no votaron un mandato explícito para poner fin al acuerdo, la iniciativa popular solo se podrá en marcha en la medida en la que sea compatible con el derecho internacional”. Añade que, resultado de lo anterior, la UDC grita a los cuatro vientos que se está violando la voluntad popular. “Esta fue la peor de las soluciones, porque se abre la puerta para problemas más grandes”, dice el autor.

En opinión de Masmejan, el Gobierno debe “decidirse a hacer política y asumir las responsabilidades que esto conlleva”.

Traducido del francés por Andrea Ornelas