Inquieta creciente presencia armada en México
Representantes de ONG mexicanas manifiestan ante legisladores y entidades civiles suizas su inquietud por la situación de los derechos humanos en su país.
Peace Watch Suiza subraya que el EZLN mantiene su apuesta por la paz, pero denuncia «provocaciones» del Ejército, signos de reactivación de paramilitares y una creciente criminalización de los movimientos sociales.
«Vemos que con el gobierno de (Felipe) Calderón llegó una política de mano dura, una política que está criminalizando la protesta social», señala Philippe Gerber de Peace Watch Suiza, en entrevista con swissinfo.
Denuncia también la intención de crear un desarrollo turístico en el sureste del país en desmedro de las poblaciones locales. «Un segundo Cancún, en zona indígena zapatista, cuando los campesinos han dicho que quieren seguir trabajando su tierra y no convertirse en vendedores en tiendas de turismo».
Desde 1997 Peace Watch Suiza mantiene una presencia regular en Chiapas y es una de las ONG con las que se reunieron las representantes mexicanas.
Blanca Isabel Martínez Bustos, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y Sara Méndez Morales, del Comité de Liberación 25 de Noviembre, realizaron una visita a Suiza para fortalecer la comunicación y los lazos de solidaridad con legisladores y ONG atentos a la situación en México.
«Expresamos a los parlamentarios -entre ellos Maria Roth Bernasconi (Partido Socialista) y Josef Lang, que en noviembre de 2007 viajaron a México- nuestra preocupación por la militarización del país», indica Sara Méndez Morales a swissinfo.
Reforma de justicia penal
El presidente Felipe Calderón (Partido Acción Nacional Pan/derecha) introdujo una serie de medidas para luchar contra la delincuencia, uno de los problemas más álgidos del país, que incluyen una mayor presencia de cuerpos policiales y una reforma constitucional en materia de justicia penal.
Las ONG temen que ambas medidas puedan derivar en acciones contrarias a los derechos humanos, dado que acusan «la respuesta a las protestas sociales ha sido con violencia».
En cuanto al sureño estado de Oaxaca, donde el reclamo magisterial de mejores condiciones laborales se tradujo en una serie de violentos enfrentamientos con las autoridades, indica que existe una fuerte represión.
Polarización social
«Tenemos una situación de crisis sociopolítica muy fuerte y una misma respuesta institucional a los conflictos sociales: la violencia. La polarización social continúa. El Estado apuesta a dividir a la sociedad», denuncia la representante del Comité de Liberación 25 de Noviembre.
Ese día, de 2006, la policía arrestó a más de un centenar de personas durante una manifestación. «Se llevaron a maestros, amas de casa, vendedores ambulantes, incluso a menores. Fue una verdadera razzia».
Las protestas de los maestros, uno de los sectores sociales más desfavorecidos de México, han sido utilizadas para «criminalizarlos», para tacharlos de delincuentes, afirma Méndez Morales.
Gobiernos «panistas»
Sobre la evolución de los derechos humanos con la llegada (2000) al poder de la oposición tras 71 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional, Martínez Bustos recuerda que el presidente Vicente Fox (Partido Acción Nacional, PAN/derecha) impulsó una campaña en pro de esas garantías.
«Pero el asunto es que los derechos humanos no se dejan de violar por buena voluntad ni por decretos, sino por políticas concretas que atienden las causas que generan las violaciones», dice y explica que la agudización de la pobreza, la crisis económica, la falta de empleo, el cierre de espacios políticos no sólo se mantienen, sino que aumentan.
Y a ello se aúna el reclamo pendiente de justicia de los pueblos indígenas, vinculado con el conflicto armado en Chiapas.
¿Cambió algo el levantamiento?
¿Qué cambios se han producido desde el levantamiento del Comandante Marcos en 1994?
«En términos de atención al conflicto por parte del Estado no hay un avance significativo. Las causas que generaron el conflicto se mantienen y son causas básicas: salud, vivienda, trabajo». Tampoco se ha dado respuesta a la reivindicación de los pueblos indígenas de ser reconocidos como sujetos de derecho.
Peor aún, a decir de la responsable del centro de derechos humanos, la lógica de atención al conflicto en Chiapas sigue siendo militar y uno de sus componentes, el uso de paramilitares. Asegura que de 2000 a 2005, con el cambio de gobierno, decrecieron las actividades violentas de los paramilitares.
Reaparición de paramilitares
«Pero (esos grupos) no desaparecieron, no fueron desarmados ni se investigaron sus ejecuciones. En los últimos años se reacomodaron en organizaciones sociales y partidos políticos en espera de condiciones para surgir de nuevo y creemos que esas condiciones se están dando porque están reapareciendo».
En ese tenor, Philippe Gerber, que se mantiene en estrecho contacto con comunidades chiapanecas, asegura que los zapatistas apuestan todavía a la resistencia pacifica.
«Hay ataques, hostigamientos y entonces ellos se juntan, llaman a más gente, hay observación internacional y se defienden, pero no en forma violenta. Esa es su postura». Empero, refiere que el ejército estaría efectuando actos de provocación.
Una postura que comparte la directora del Centro Fray Bartolomé de las Casas: «Las acciones de carácter policíaco-militar son para medir la fuerza del EZLN. Generan provocación para justificar una acción militar, como de estocada final. Creemos que el Ejército mexicano no ha descartado esa posibilidad».
swissinfo, Marcela Águila Rubín
En su Balance Anual 2007 sobre Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas denuncia:
El empleo por parte de los gobiernos chiapaneco y federal de agentes no estatales para provocar o violentar a quienes defienden su derecho a la tierra.
La adopción de programas para el despojo de los recursos naturales y de biodiversidad a costa de los derechos de los pueblos indígenas.
La ocupación militar en Chiapas sigue siendo un factor importante para la continuidad de la guerra de baja intensidad o guerra de desgaste.
Reactivación de grupos paramilitares. Hostigamiento a comunidades con el pretexto de investigar presencia de grupos armados; operativos militares y policíacos en presunta lucha contra el narcotráfico que cometen violaciones contra la población civil, como cateos ilegales, abusos de autoridad, privación arbitraria de la libertad y tortura.
Al firmar el decreto para la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública (18.06), el presidente Felipe Calderón señaló que se trata «quizá de la más relevante reforma realizada al sistema penal que hayamos tenido los mexicanos en mucho tiempo».
La reforma constitucional incluye tres aspectos fundamentales: permitir el arraigo domiciliario de hasta 80 días, agilizar los procesos de extradición y modificar el proceso de juicios para hacerlos públicos y no escritos, como se realizan hasta ahora.
Bajo presión de organismos de derechos humanos y del ala izquierda, los diputados eliminaron un párrafo de la iniciativa que permitía a la policía ingresar sin orden judicial en los domicilios.
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