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La gran sombra del 9/11 sobre Suiza

Foto de una cámara en una prisión
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Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, EE UU inició una guerra en todo el mundo contra el terrorismo con consecuencias para los derechos fundamentales. También Suiza quiere seguir esos pasos.

Con el endurecimiento de la Ley para la Salvaguarda de la Seguridad Interior, el Estado quiere tener libre acceso a la esfera privada incluso de ciudadanos fuera de sospecha. Las críticas no se han hecho esperar.

Seis semanas después de los ataques aéreos contra el Word Trade Center y el Pentágono, el presidente estadounidense, George Bush, firmó el «Patriot Act», para permitir el uso del arma más agresiva contra del terror dentro de las fronteras estadounidenses anulando ciertos derechos fundamentales de sus habitantes.

Esta legislación desde entonces cada vez más criticada, pero básicamente aún en vigor, obliga a que las aerolíneas entreguen a las autoridades de EE UU una lista con informaciones de la esfera privada de sus pasajeros.

En Suiza, la entonces ministra de Justicia, Ruth Metzler, acordó con Estados Unidos el Operative Working Arrangement (OWA). Con éste documento se convino la cooperación confidencial entre ambos países en la lucha contra los terroristas y sus fuentes financieras.

Instrumentos suficientes

Las autoridades suizas conservaron la calma y no hubo un ataque a los derechos fundamentales como en EE UU. «Es bueno ver que en Suiza no ocurrió un acto reflejo semejante», indica el encargado de la protección de datos, Hanspeter Thür. El entonces diputado llevaba apenas once días en el puesto tras el 11 de septiembre de 2001.

Una revisión de los instrumentos para la defensa contra del terrorismo mostró que las medidas actuales son suficientes en Suiza, con ciertas excepciones. Thür considera que aún lo son, pese a que en Europa ya han ocurrido ataques en Madrid y Londres.

Cambios con Europol

En opinión del diputado zuriqués de Los Verdes Daniel Vischer -quien preside la comisión de Derecho de la cámara baja en el Parlamento Federal-, el arreglo OWA testifica cierta «sumisión hacia EEUU» apoyando la lucha contra de sus enemigos.

Vischer señala que el acuerdo Europol, firmado por Suiza en marzo de 2006, marca una cesura. «Berna deja de lado sus reservas para extraditar a personas por motivos políticos». El político ecologista traduce este hecho como una actitud reverente hacia EE UU que con su listado de terroristas decide quién pertenece al grupo de los malos.

Ingerencia en la esfera privada

Si bien el protector de datos Hanspeter Thür comenta indulgente las reacciones suizas inmediatas a los atentados, se muestra severo ante el endurecimiento de la Ley Federal para la Salvaguarda de la Seguridad Interior, sometida a consulta en julio pasado.

El proyecto de ley fue redactado por el Servicio de Análisis y Prevención, encargado de la protección del Estado y órgano asociado a la Oficina Federal de Policía (fedpol).

«La nueva legislación contempla la posibilidad de vigilar el tráfico de informaciones de los ciudadanos vía telefónica, postal o a través del correo electrónico, e incluso permite escuchar secretamente conversaciones en sitios privados», dice Thür.

A su juicio, lo más inaceptable de este proyecto de ley es que permite que la vigilancia secreta de las autoridades pueda ser realizada sin contar con evidencia que apunte hacia alguna sospecha delictiva.

Medidas «desproporcionadas»

Para el especialista, estas medidas son totalmente desproporcionadas. «Que esta legislación llegue luego de un lustro de los atentados en EE. UU muestra que ya nada tiene que ver con una medida de urgencia».

Thür opina que por eso no será fácil que el texto en su forma actual sea aceptado por el Parlamento Federal, además de que la misma ciudadanía podría frenarlo a través de un llamado a las urnas.

Por una parte, los propósitos de vigilancia de los servicios secretos no tienen una buena imagen en los diversos sectores políticos y, por otra parte, aún no se ha olvidado el escándalo de informaciones ocurrido hace 16 años.

A finales de la década de los años 80 se hizo público que estos órganos de vigilancia y la policía tenían alrededor de 900.000 fichas de informaciones sobre ciudadanos que eran sospechosos de participar en actividades de la izquierda.

Más seguridad, menos derechos

Otra percepción tiene el otrora profesor de Derecho Público bernés, Jörg Paul Müller, quien piensa que el asunto de las fichas ya se olvidó. «Es espantoso ver lo que la gente está dispuesta a aceptar, por ejemplo, en los controles de los aeropuertos».

Ese proyecto para extender las posibilidades de vigilancia demuestra, una vez más, hasta qué punto Suiza requiere de un tribunal constitucional para hacer contrapeso.

El jurista apunta que esa tolerancia de los suizos ante las violaciones a sus derechos se debe al miedo. Es una manera de ceder un poco de su libertad para obtener mayor seguridad.

El origen de esos temores es el Islam cuyos adeptos sufren una sospecha generalizada. «Los esfuerzos para obtener una sociedad multicultural han fracasado evidentemente», señala la conclusión de Jörg Paul Müller.

swissinfo, Renat Künzi
(Traducido del alemán por Patricia Islas)

Atentados de Al Kaida en Estados Unidos y Europa:
EEUU, 11 de septiembre de 2001: 3.000 muertos.
Madrid, 11 de marzo de 2004: 191 muertos.
Londres, 7 de julio de 2005: 56 muertos.

El Servicio para el Análisis y la Prevención de la Oficina Federal de Policía de Suiza (fedpol) es el órgano de protección de la Confederación Helvética.

Este servicio analiza la seguridad interior en su informe anual.

El 1° de marzo de 2006, Suiza firmó con la Unión Europea el acuerdo Europol.

Desde 2005, Suiza pertenece al espacio Schengen.

En julio de 2006, Suiza y EE. UU. acordaron un acuerdo sobre colaboración en la lucha contra el terrorismo.

Desde septiembre de 2006, los suizos pueden recibir el pasaporte biométrico, que EE. UU. solicita como obligatorio para viajar a su país.

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