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Las nuevas autoridades tutelares en Suiza, criticadas

Una mujer con una pancarta
Una mujer se manifiesta en contra de la Autoridad de Protección del Niño y del Adulto (APEA) tras "el caso de Flaach". En esa comuna suiza, una madre mató a sus hijos para evitar que fueran internados en un centro de protección y después se suicidó. Ennio Leanza/KEYSTONE

No hay autoridades más controvertidas -y detestadas- en Suiza que las responsables de proteger a los niños y a los adultos (APEA), un servicio que se profesionalizó en 2013, pero que actualmente tiene en contra una iniciativa que busca cortarle las alas.

Erika*, de Winterthur, tenía 16 años cuando se embarazó a finales de los 90. En Suiza, el hijo de una madre menor de edad es colocado automáticamente bajo la tutela de alguien más. Pero Erika no vivió este proceso como algo traumático porque habló con las autoridades para ver si alguien de su familia podía tomar ese rol.

Le sorprendía, de hecho, que la tutora de su hijo jamás fuera a visitarle para supervisar si la joven madre hacía correctamente las cosas. “Solo la invité a cenar una sola vez”, cuenta Erika y asegura que fue una experiencia agradable. Al cumplir 18 años, sin mayores contratiempos obtuvo la custodia de su hija. “Hoy en día, creo que las cosas habrían sucedido de forma muy distinta”, dice con un tono grave.

¿Qué sería diferente ?, preguntamos. “Pienso que las cosas no serían tan simples, humanas y sencillas como lo fueron en mi época”, dice Erika. La joven trabaja actualmente como asistente en un centro de atención para personas con discapacidad física y mental, y considera que todo se ha vuelto más formal y complejo. “Los padres de personas con discapacidad que asumen la tutela de sus hijos adultos están abrumados por un mar de papeleos jurídicoEnlace externos del que tienen que ocuparse”.

Una de las quejas recurrentes es que con el nacimiento de APEA, en 2013, se creó un monstruo burocrático. Y para muchos, todo lo que funcionó bien para Erika con la antigua autoridad dedicada a la tutela, ahora es imposible. Hoy no importa si hay alguien de la propia familia de la menor embarazada que esté dispuesto a ayudar y ni la persona concernida directamente ni sus familiares tienen poder de decisión, la autoridad interviene -muchas veces de forma precipitada- en una vida familiar que funcionaba sin contratiempos. Aquel que cayó en manos de APEA una vez, ya no podrá escaparse. Razón por la que las nuevas autoridades tutelares podrían pronto convertirse en la institución más detestada de Suiza.

Primero muerto, que internado

Pero, cómo se llegó tan lejos. Hace cinco años, el derecho suizo de tutela -que tenía un siglo de operación- fue revisado por completo. Simultáneamente, las autoridades milicianas de las comunas (personas que no son políticas de profesión, sino que compaginan esta actividad con el ejercicio de algún oficio o profesión) se han profesionalizado.  Antes, el ejecutivo de la comuna era el único que jugaba el rol de autoridad tutelar, especialmente en la Suiza de habla alemana.

Ein junger Mann legt die Hände auf die Schultern eines Betagten.
A los 88 años, Klaus Seidel se rehusó a ser ingresado en un asilo suizo tras sufrir un accidente vascular cerebral. Su sobrino (a su derecha en la foto), le ayudó a huir a su natal Alemania, en donde vive en un centro de atención que permite un contacto cercano con su familia Helmut Seidel

El proceder de APEA y una serie de dramáticos incidentes, han cubierto de desprestigio a esta nueva autoridad. En Flaach, una madre de 27 años mató a sus dos hijosEnlace externo para evitar que regresaran a un centro de protección. Asimismo, un hombre de 88 años optó por huir a AlemaniaEnlace externo, con la ayuda de su sobrino, para no ser ingresado a un centro en donde ya no dependería de su familia. Y un hombre ayudó a su mujer a fugarse a FilipinasEnlace externo con sus dos hijos para evitar que los menores fueran ingresados en un centro de protección de menores.

La prensa reporta también con frecuencia casos como el siguiente: una familia debe pagar 5 000 francos suizos mensualesEnlace externo por tener a su hija en un centro de atención especializado, cuando esto es totalmente inaccesible para su bolsillo.. O existen personas de la tercera edad a los que APEA asigna un tutor profesionalEnlace externo que cobra onerosos honorarios, cuando un familiar podría haber aceptado esta tarea de forma gratuita.

El descontento se agudiza en una parte de la población. Diversas intervenciones parlamentariasEnlace externo solicitan que, ante todo, los concernidos tengan derecho a una mayor transparenciaEnlace externo, garantías legalesEnlace externo y el derecho a ser escuchadosEnlace externo. En el cantón de Schwytz, se presentó una iniciativa popular para que los casos de tutela se decidieran a nivel comunal, pero fracasó. Y, actualmente, existe otra iniciativaEnlace externo a nivel federal para conceder a los familiares la prioridad en la asignación de las tutelas. Los ciudadanos y ciudadanas se defienden cada vez más a través de la democracia directa de una entidad que es crecientemente aborrecida.

pareja
La familia KIast en Filipinas: el padre sacó a sus hijos de un centro de protección para “salvaguardarlos de APEA”. Hoy, su esposa vive con ellos en el país asiático. SRF-Screenshot

A la sombra de un pasado oscuro

El profesor Christoph HäfeliEnlace externo, experto en protección a infantes y adultos, se dice sorprendido de la virulencia de las críticas que recaen sobre APEA.  En su opinión, el tema de la tutela ha mejorado sensiblemente en Suiza, especialmente en el ámbito jurídico. Por ejemplo, dice, ya no se ven vecinos haciendo las veces de tutores, desbordados, como ocurría en algunas comunas del país. 

Fue bajo el antiguo esquema que se escribieron los capítulos más sombríos de la historia tutelar helvética; Hasta los años 80, los niños bajo tutela de las autoridades eran enviados aa hogares de terceros, donde eran explotados como mano de obra en la agricultura, sobre todo.  Lejos de sus familias y sin protección alguna, muchos niños sufrieron de abusos, bajo la orden separarlos de sus padres o familiares para reeducarlos, como fue frecuentemente el caso de los niños de la comunidad romaní. Los hijos ilegítimos o huérfanos sufrían una suerte parecida. Se llegó incluso a las esterilizaciones forzadas y a los “internamientos administrativos”, una suerte de pena de prisión pronunciada contra personas juzgadas como “holgazanas” o “desvergonzados”, aunque jamás hubieran cometido delito alguno.

Verdingkinder bei der Arbeit auf dem Feld
En 1954, niños internados en un centro bernés para pobres trabajan en el campo. Junto con muchos otros -antes y después de ellos-, fueron ingresados de forma forzada. Walter Studer/KEYSTONE

El exitoso emprendedor Guido FluriEnlace externo también estuvo bajo el cuidado de las instituciones tutelares durante 10 años. Los estragos que la experiencia le dejó lo llevaron a promover la iniciativa para el resarcimientoEnlace externo, gracias a la cual, las víctimas de las reglas tutelares del pasado recibieron una compensación de solidaridad por las injusticias que sufrieron en el pasado. Asimismo, fundó el Centro de Escucha y Asistencia KESCHAEnlace externo, dedicado a atender a las personas afectadas por medidas de protección (tanto infantes como adultos).

Y la experiencia cotidiana muestra que, en materia tutelar, la mayor parte de las demandas interpuestas se relacionan con conflictos entre padres divorciados (por el derecho de visita a los hijos) y con inconformidades contra los tutores profesionales, muchos de ellos nombrados por APEA.

Pese a ello, para Guido Fluri, el nuevo sistema funciona bien en la mayoría de los casos. “El nuevo derecho de protección al niño y al adulto se ha profesionalizado notablemente”. Deja claro, no obstante, que hay un gran potencial de mejora en la comunicación con las personas concernidas.

El empresario no puede imaginar dar marcha atrás para retomar el sistema antiguo que daba todo el poder a las comunas. “Aquel que haya conocido las medidas forzadas tomadas por las comunas, y el sufrimiento que provocaban en la gente, está lejos de afirmar que las cosas eran mejores antes”.

La APEA cuesta caro

Entonces, ¿de dónde viene este rechazo masivo hacia APEA? Kurt Furi considera que el infanticidio de Flaach es uno de los principales detonantes. “Aquí, APEA fue precipitadamente señalada por la gente en general  y los medios de comunicación como responsable de ese drama”.

Para el experto Christoph Häfeli, otra de las razones fundamentales del movimiento de oposición son los altos costos de las tutelas profesionales, según se observa en el InformEnlace externoe de Evaluación publicado en marzo del 2017.

La resistencia ante APEA es un fenómeno que tiene lugar sobre todo en la Suiza de habla alemana. “Solo aquí se experimentó el cambio de paradigma de pasar de tutores milicianos a profesionales”, dice el profesor zuriqués. Y son justamente estos profesionales de APEA que parecen, frecuentemente, muy distantes de la gente.

El nuevo derecho modifica la situación de los padres de hijos adultos que requieren medidas de protección. El antiguo “apoyo paterno” fue abolido y ahora los padres son considerados como asistentes. Esto engendra una carga administrativa adicional.

Numerosos padres se sienten sumergidos, e incluso acosados, al tener la obligación, por ejemplo, de proveer certificados de antecedentes penales o declaraciones de la oficina de persecuciones judiciales. Por ello, representantes de los grupos concernidos, así como la Conferencia en Materia de Protección de Menores y Adultos(COPMAEnlace externo) han peleado hasta encontrar “alternativas más viables”. Por ejemplo, los padres pueden ser liberados, al menos parcialmente, de la obligación de rendir cuentas u entregar reportes sobre sus hijos y sus cuidados.

Los tutores profesionales, evidentemente, son más caros.  Christoph Häfeli ofrece cifras que relativizan la percepción de carestía excesiva de los servicios de los profesionales con respecto al costo de un tutor familiar: “En Suiza, hay 28 000 tutores (con distinto grado de responsabilidad) privados frente a 8 000 profesionales”.

Los profesionales tienen 72 mandatos en promedio, cada uno. Los familiares, solo uno. Cuando se trata de adultos, 45% de los mandatos son asumidos por tutores privados.

Que los costos generales han aumentado con la llegada de APEA, nadie lo niega, tampoco Christoph Häfeli. Y son las personas afectadas las que deben pagar por estas medidas. Si no pueden hacerlo, el deber se transfiere a las comunas.

 Según un informe de evaluación, un internamiento puede costar 760 francos diarios, mientras el acompañamiento socio-pedagógico en una familia cuesta entre 120 y 170 francos por hora. Y la participación financiera solicitada a los involucrados no es la misma en todos los cantones.

Lo anterior provoca otro problema: “antes, era la misma autoridad, es decir, la comuna, la que decidía que medidas se tomaban y quién debía pagarlas”, explica Christoph Häfeli, “pero ahora, la APEA decide y la comuna paga”.  Por lo tanto, anteriormente, las autoridades tenían un gran interés por prescribir los menos internamientos posibles, lo que ya no sucede en el presente. En 2016, el número de estas medidas aumentó, lo mismo para niños que para adultos.  Pero era una tendencia que ya se observaba desde antes de la fundación de APEA. “Desde los años 90 se observa esta evolución”, dice Christoph Häfeli, quien considera positiva esta vigilancia creciente.

*Nombre modificado

En 2016Enlace externo, el número de medidas de protección aumentó 4,5% para los menores de edad y 3,5% para los adultos en 2016.

Entre los infantes, 77% eran casos de tutelas, esencialmente para resolver problemas de asistencia educativa y relaciones personales. Solo 10% derivaban en un internamiento.

Dos tercios de los 18.000 infantes que viven en Suiza en centros de protección o con familias de acogida han sido llevados ahí de común acuerdo. Y en ausencia de cifras fiables, no es posible decir si Suiza registra un número particularmente elevado de medidas de protección.

Pero algo que sí es un hecho, es que Suiza ordena un mayor número de medidas tutelares obligadas a personas con problemas psiquiátricos. 

(Traducción de la versión en francés: Andrea Ornelas)

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