¿Quién mató a todas esas chicas?
La pregunta es una herida que duele a las madres de las víctimas, a los hijos que quedaron huérfanos, a una población desamparada...
Para Nuestras hijas de regreso a casa hay una respuesta: ¡la impunidad!
“Cuando se asume la impunidad como parte de la cultura, ésta ampara y protege cualquier otro tipo de delito”, sentencia Marisela Ortiz Rivera.
Explica la profesora que muchos de los asesinatos pudieron ser perpetrados por el narcotráfico, con la complicidad y hasta la participación de la policía, y quizá otros más hayan obedecido a novios o maridos que actuaron bajo un patrón que se ha establecido y que no conoce de sanciones.
“Como hay crímenes impunes y esto permite que los hombres cometan estas barbaridades, simplemente la desnudan (a su pareja), la golpean y van y la arrojan por ahí a algún lugar donde comúnmente se encuentran mujeres y ¿que representa esto…? una cifra más”.
La impunidad como caldo de cultivo para los ilícitos es una idea compartida.
Tildy Hanhart está convencida de que el creciente número de muertes obedece a que las autoridades no han esclarecido los hechos, no han establecido quién ha asesinado a las mujeres, ni han investigado con suficiente determinación, lo que ha generado una zona gris de impunidad.
La situación cambiará cuando haya una sentencia
“Yo creo que la situación va a cambiar cuando el primer caso sea aclarado verdaderamente y cuando sean declarados culpables los culpables y cuando haya una sentencia. Entonces yo pienso que va a cambiar”, asegura.
Empero, señala que esa tarea podría dificultarse merced a la probable participación de personas “con una cierta importancia”, en los crímenes.
“Lo que se ve es que finalmente ha de haber intereses muy fuertes detrás de esos hechos en Ciudad Juárez que impiden que haya investigaciones, que haya una aclaración de los hechos”, coincide Urs Sekinger, de Solifonds, quien confía en que la presión internacional pueda mejorar la investigación.
Tildy Hanhart, de la red de organizaciones por la paz en Chiapas, Propaz, concuerda en la importancia del apoyo internacional a los esfuerzos de los familiares de las víctimas. Sin embargo, considera primordial que la sociedad civil mexicana comparta su lucha con sus autoridades.
“Es muy importante que estas organizaciones insistan y continúen con su insistencia frente de las autoridades mexicanas”, subraya y, al referirse a los dos encuentros de la ONG con el presidente Vicente Fox, dice que ponen de manifiesto el interés del gobierno federal en aclarar los hechos.
Buenas intenciones del gobierno federal
“Naturalmente no se ha hecho lo suficiente, pero algo se ha hecho. Hay que insistir (…) Yo tengo confianza de que en México se logre aclarar los casos y que las autoridades se sientan responsables”, comenta.
“Los homicidios y las desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez agravian nuestra sensibilidad, su impunidad ofende a cada uno de nosotros (…) Tenemos el compromiso de castigar a los culpables.
“No permitiremos que en Juárez, o en cualquier otro lugar, las mujeressean agredidas o discriminadas”, enfatizó el presidente Vicente Fox al presentar su programa de derechos humanos el pasado 10 de diciembre.
Nuestras hijas de regreso a casa, en el decir de Marisela Ortiz, confía en la buena voluntad del mandatario mexicano. Sin embargo, hasta ahora no ha visto un signo contundente de respuesta a su reclamo.
Mayores atribuciones
Entre las acciones emprendidas por la administración federal para resolver el caso de Ciudad Juárez, se nombró a María López Urbina, Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres, y a María Guadalupe Morfín Otero, Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.
En agosto pasado, la diputada socialista suiza y relatora de la Comisión sobre la Igualdad de Oportunidades del Consejo de Europa, Ruth-Gaby Vermo-Mangold, viajó a México para conocer de la situación en esa población.
Ya desde entonces, la legisladora advirtió sobre la necesidad de proporcionar los recursos y las atribuciones necesarias para que las funcionarias pudieran desarrollar sus tareas.
Entonces, como durante su estancia en Suiza, Marisela Ortiz se reunió con la parlamentaria. Como resultado de este segundo encuentro, Gaby Vermot informó a swissinfo que aún es insuficiente el apoyo oficial a la Fiscal y a la Comisionada, amén de que es urgente organizar la ayuda a los familiares de las víctimas, en particular a los pequeños que quedaron huérfanos.
Y es que, como dice Marisela Ortiz: “Muchos de los familiares lo perdieron todo junto con sus hijas (hermanas, madres, esposas), y muchos de ellos, hijos de obreras que quedaron solos en el mundo, hasta el derecho a una vida más o menos digna”.
swissinfo, Marcela Águila Rubín
El hallazgo de algún cadáver o el secuestro de alguna chica han coincidido con iniciativas de las organizaciones sociales o fechas emblemáticas (el Día de la Mujer).
Para Nuestras hijas de regreso a casa, esos hechos constituyen nuevas amenazas.
El presidente mexicano, Vicente Fox, se ha comprometido ante los familiares de las víctimas a hacer justicia.
Entre otras medidas, designó a dos mujeres al frente de sendas entidades para prevenir el crimen y esclarecer los hechos.
Empero, las funcionarias carecen aún de los recursos y las atribuciones necesarias para cumplir su cometido.
Marisela Ortiz exige también apoyo para los huérfanos de las madres asesinadas.
Datos del Informe de Amnistía Internacional (08.2003)
Amnistía Internacional ha documentado demoras injustificables en las investigaciones iniciales y una falta de seguimiento a pruebas o declaraciones de testigos que podrían ser esenciales.
En otros casos, los exámenes forenses practicados han sido inadecuados, proporcionando información contradictoria e incorrecta a las familias sobre las identidades de los cuerpos, agravando así su dolor y alterando bruscamente su proceso de duelo.
Las irregularidades también pasan por la falsificación de pruebas e incluso el presunto uso de la tortura para obtener información o confesiones de culpabilidad.
En lugar de responder a las preocupaciones de las familias y las ONG y apoyar a los abogados en la búsqueda de la verdad y la justicia, en algunas ocasiones las autoridades han intentado desacreditar su trabajo o cooptar las organizaciones afectadas.
Familiares y defensores de los derechos humanos han sido también blanco de hostigamientos por parte de individuos no identificados.
También se tienen informes de familiares que han sido directamente advertidos para que desistan de sus esfuerzos de hacer justicia.
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