Suiza declara ilegal el espionaje en Internet
El Tribunal Federal de Suiza se ha pronunciado en favor del derecho suizo al proteger la privacidad y la protección de datos de las personas al calificar de ilegal la labor de la empresa privada Logistep.
La compañía espiaba a usuarios de las redes P2P con el fin de penalizar a los que no respetaban los derechos de autor en el ciberespacio.
Esta decisión manda una clara señal a las empresas privadas en Suiza que tratan de asumir tareas que corresponden al Estado y podría servir como precedente en otros países de Europa para proteger la privacidad en Internet.
Logistep recogía direcciones IP de ordenadores sospechosos de realizar descargas ilegales y de intercambiar películas, música o juegos. La firma, a petición de los titulares de los derechos de autor, rastreaba la Red para después compartir los datos con sus clientes.
Estos últimos llegaban a amenazar a los internautas con iniciar procedimientos legales sino pagaban una determinada cantidad de dinero.
Decisión histórica
Rosa Delgado, vicepresidenta de la Internet Society (ISOC) de Suiza cree que esta decisión es histórica ya que es la primera vez que se produce en todo el mundo Internet, ya que se paraliza la actividad de una empresa y se le abre un proceso penal, además de solicitar el arresto de su responsable.
“Además, no se puede dar los datos del usuario a terceros sin avisar a la persona que ve invadida su privacidad” explica a swissinfo.ch
La pregunta es quién puede erigirse en ‘policía de Internet’. “En todo caso no le corresponde a una empresa privada y si una institución pública previamente autorizada. Los métodos usados por Logistep en este caso son ilegales y inadecuados”, apunta Delgado.
No se protege a los piratas
Tras adoptar la decisión, el Tribunal Federal señaló que no quería ser visto como protector de los piratas. La Oficina Federal de Protección de Datos e Información (FDPIC) también defendió la medida en virtud de la legislación sobre protección de datos existente en Suiza.
“De las muchas direcciones IP que se busca, por lo general sólo un grupo muy pequeño son piratas. Nuestro objetivo es la protección de todos aquellos usuarios que no piratean nada”, dijo la portavoz Eliane Schmid.
“Lo que quiero subrayar, sin embargo, es que no están protegiendo a los piratas de Internet y esta decisión no protege a las personas que cargar o descargar contenidos ilegalmente. Pero la búsqueda de piratas debe basarse en la ley”.
Ausencia de leyes globales
Rosa Delgado estima que esta medida vela por protección del ciudadano pero que las leyes tienen todavía muchos huecos que posibilitan la piratería en Internet. “Los internautas que descargaban contenidos gratis lo van a seguir haciendo aunque no creo que la decisión provoque un incremento de las descargas ilegales”.
El futuro de la protección de datos y la privacidad en la Red dependerá ampliamente de la existencia de leyes flexibles y globales, con una cooperación internacional intensa, que hicieran frente a esta realidad. Hasta ahora cada país es dueño de adoptar las medidas en este ámbito.
“Con la ausencia de leyes globales en Internet los derechos de autor seguirán siendo violadas. En la actualidad el proceso legal no es capaz de seguir la constante evolución de Internet”, subraya Delgado.
Un fenómeno extendido
Lo que parece evidente es que existen muchas empresas privadas en Suiza y en el resto del mundo que utilizan métodos similares a los de Logistep para recopilar datos de usuarios de Internet. Los casos de Facebook, Google, Microsoft o Apple están en boca de todos y acaparan a menudo titulares en la prensa.
“Es muy difícil saber cuántas hay pero supongo que lo hacen ya que Red y las direcciones IP son datos públicos. A través de las IP se puede acceder a mucha información personal del usuario, y de hecho grandes corporaciones lo están haciendo. Google es el dueño de las bases de datos más grandes del planeta y cuenta con un servicio de e-mail en el que hay que registrarse. Lo mismo que Facebook, Todo el mundo lo sabe”, señala la vicepresidenta de la Internet Society (ISOC) de Suiza.
Otras corporaciones planean también rastrear que software utiliza cada ordenador para verificar si sus productos están instalados y si el usuario tienen licencia o son ilegales. Podrían en ese caso incluso bloquear el producto y todo a través de las direcciones IP. “No tienen derecho a hacerlo pero esa es la idea de Microsoft o Apple entre otros”, indica.
‘Paraísos de Internet’
Logistep dijo que aceptaba la decisión y anunció que se traslada a Alemania. Lo que queda por saber es si seguirá realizando la misma actividad en el país vecino, con otra normativa en materia de derechos de autor.
“Esto despierta la idea de la creación de paraísos de Internet, a modo de símil del concepto de paraísos fiscales. Quizá este tipo de empresas busquen lugares sin una legislación clara para seguir recogiendo datos de usuarios de Internet en este último país”, se plantea Rosa Delgado.
Logistep dijo que aceptaba la decisión pero rápidamente anunció que se traslada a Alemania. Richard Schneider, consejero de la empresa, aseguró a swissinfo.ch que la labor de Logistep es reconocida en otros países como los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia.
Una ‘IP address’ es una dirección numérica pública y esencial para acceder a Internet. “Es como una dirección postal. A cada ciudadano se le atribuye una sola y única dirección IP”, explica a swissinfo.ch.
Cada una de ellas pertenece a un país determinado.
El tribunal aceptó el caso presentado por la Oficina Federal de Protección de Datos e Información y dictaminó que Logistep ya no podía reunir y compartir estos datos.
En 2008, el comisario federal de Protección de Datos e Información (FDPIC), Hanspeter Thür, pidió a Logistep que cesara sus actividades y emitió una recomendación por la que la obtención de la identidad del titular de una dirección IP sólo podía hacerse legítimamente en el marco de una investigación penal y consideraba el acudir a empresas privadas un abuso.
En 2009, Logistep presentó un recurso administrativo contra esta recomendación el Tribunal Administrativo Federal emitió una sentencia a favor de la empresa con el argumento de que “el fin justifica los medios”.
El Tribunal Federal revocó ahora a revocar la sentencia señalando, que el fin no justifica los medios y que una empresa privada no puede convertirse en policía del P2P.
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