Los suizos deciden sobre la seguridad alimentaria
Para sus numerosos defensores, se trata de una iniciativa necesaria y orientada a dar respuesta a los retos del futuro; sus escasos detractores la consideran, por el contrario, inútil y dirigida a consolidar el ‘statu quo’. El próximo 24 de septiembre será sometida a votación popular una enmienda constitucional para establecer los principios que garanticen la seguridad alimentaria en Suiza. El texto tiene en cuenta toda la cadena agroalimentaria.
“Seguridad alimentaria significa que la población tiene acceso en todo momento a una cantidad suficiente de alimentos, de calidad y a precios accesibles”, ha señalado el ministro de Economía Johann Schneider-Amman, durante la conferencia de prensa celebrada para lanzar la campañaEnlace externo previa a la votación.
“Una situación que hoy se ve cumplida en Suiza, pero que no siempre tiene que ser así. Por tanto, es legítimo preocuparse por garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras”, ha añadido el ministro. El artículo constitucional 104aEnlace externo, sobre el que es llamado a consulta el pueblo suizo, reúne las condiciones marco para alcanzar ese objetivo.
Las comisiones preparatorias de las cámaras del Parlamento han asegurado que su aplicación no exigirá modificaciones legislativas. Por eso mismo, los adversarios del proyecto consideran que precisamente ese punto es el que prueba la inutilidad de este nuevo artículo constitucional.
Un contraproyecto a una iniciativa vaga y unilateral
El texto tiene su origen en la iniciativa popular Para la seguridad alimentariaEnlace externo, que fue lanzada con éxito en 2014 por la Unión Suiza de Agricultores y que recogió casi 150 000 firmas en solo tres meses.
La iniciativa exigía el refuerzo del abastecimiento de la población “con productos alimentarios de producción autóctona, diversificada y sostenible”. En particular, se pedía a la Confederación tomar medidas para evitar la pérdida de tierras cultivables, limitar la carga administrativa en la agricultura y garantizar las inversiones en el sector.
Prácticamente todos los parlamentarios estuvieron de acuerdo en establecer unos principios constitucionales que pudieran garantizar la seguridad alimentaria para las generaciones futuras y un porvenir al sector agroalimentario suizo ante el reto de la globalización. No obstante, muchos de ellos consideraron que la iniciativa era excesivamente vaga, dotada de un margen de interpretación excesivo y centrada unilateralmente en la producción autóctona.
Por consiguiente, el Parlamento decidió elaborar un contraproyecto formulado de manera más precisa y concreta. Es decir, una propuesta que englobara toda la cadena agroalimentaria, desde la producción al consumo, pasando por la transformación, la comercialización e incluyendo también las importaciones.
El texto propuesto llegó incluso a convencer a los propios promotores de la iniciativa, que decidieron retirarla. Por eso, el próximo 24 de septiembre los suizos votarán únicamente el contraproyecto.
Cinco principios para pasar del campo a la mesa
El nuevo artículo 104a de la Constitución Federal se organiza en torno a cinco puntos. En primer lugar, establece que es necesario proteger la base de la producción agrícola. “En particular las tierras cultivables, pero también el agua, las técnicas, el ‘know-how’ y el conocimiento de los agricultores”, afirma Johann Schneider-Amman.
En segundo lugar, la producción de alimentos debe adaptarse a las condiciones locales y ser eficaz en términos de explotación de recursos. “Solo una producción autóctona que responda al principio de desarrollo sostenible puede garantizar la seguridad del abastecimiento a largo plazo”, declaraba ante la Consejo Nacional (cámara baja) Christian Lüscher, ponente de la comisión preparatoria.
En tercer lugar, la agricultura y la cadena alimentaria deben estar orientadas al mercado. Con este principio se pone de manifiesto que el sector agrícola suizo no deberá orientarse ya hacia una política de subvenciones y de decretos estatales. Poner en práctica este principio requerirá un esfuerzo por ambas partes.
En cuarto lugar, las relaciones comerciales exteriores deben contribuir al desarrollo sostenible de la agricultura y de la industria alimentaria. Aunque Suiza dispone de un alto grado de autosuficiencia alimentaria –actualmente en torno al 60%–, no puede ser autárquica. En consecuencia, y estableciendo que el principal pilar de la seguridad alimentaria suiza sigue siendo la producción autóctona, el contraproyecto subraya el papel complementario de las importaciones y la necesidad de mantener buenas relaciones comerciales con el exterior para garantizarlas. Unas buenas relaciones que además sirvan a los intereses de las exportaciones agrícolas suizas, recordó el ministro Schneider-Ammann.
El grado de autoabastecimiento consiste en el porcentaje de la producción autóctona respecto del consumo interior. El cálculo se basa en el valor energético de determinados productos alimentarios. Se distingue entre grado de autoabastecimiento bruto y grado neto. Para calcular este último se tiene en cuenta el hecho de que una parte de la producción autóctona se obtiene utilizando alimentos importantes para animales.
En quinto y último lugar, el consumo de productos alimentarios debe ser respetuoso con los recursos disponibles. Hay que sensibilizar y responsabilizar a los consumidores con objeto de reducir el derroche de alimentos. Se estima que actualmente en este país se tira a la basura cerca de una tercera parte de los alimentos. “Como agricultor, no me gusta ver que el resultado de mi trabajo acabe entre los desperdicios”, afirmó ante el Parlamento el diputado demócrata-cristiano Pierre-André Page.
Las otras dos iniciativas
La iniciativa ‘Por la soberanía alimentaria’ exige que la Confederación impulse una agricultura autóctona, lucrativa y diversificada, que preserve los recursos naturales. Entre otras cosas, prevé la prohibición de especies genéticamente modificadas, contempla la percepción de derechos sobre importaciones agrícolas y productos alimentarios y prevé la regulación del volumen de dichas importaciones.
La iniciativa ‘Por alimentos justos’ exige que los criterios de protección a los animales y al medio ambiente se apliquen también a los productos importados. De este modo, los promotores de la iniciativa quieren evitar que llegue al mercado suizo la producción industrial en masa.
El Gobierno ha rechazado ambas iniciativas y es probable que sufran la misma suerte en el Parlamento. Al incorporar algunas de sus exigencias en el artículo constitucional 104a, las comisiones preparatorias de las Cámaras Federales han señalado explícitamente que así “será más fácil rechazarlas” cuando sean sometidas a votación popular.
Anticiparse a otras iniciativas
Además de dar respuesta a la mayor parte de las demandas contenidas en la iniciativa ‘Por la seguridad alimentaria’, el texto del contraproyecto recoge también parte de las exigencias de otras dos iniciativas populares relativas al sector agroalimentario y sobre las cuales el electorado suizo será llamado a las urnas, probablemente, el año próximo: la denominada ‘Por unos alimentos justosEnlace externo’, lanzada por los Verdes, y la iniciativa ‘Por la soberanía alimentariaEnlace externo’, impulsada por el sindicato de pequeños agricultores Uniterra.
El contraproyecto que se somete ahora a votación tiene en cuenta estas dos últimas iniciativas con la aplicación del criterio de sostenibilidad también a las importaciones. Y la inscripción en la Constitución Federal del principio de evitar el despilfarro de alimentos da también respuesta a otra de las exigencias planteada en la iniciativa presentada por los Verdes.
De este modo, el contraproyecto contenta un poco a –casi- todo el Parlamento. Se han alzado pocas voces para oponerse a un contraproyecto “superfluo”, cuyos objetivos se encuentran ya inscritos en la Constitución y que no confiere ninguna nueva tarea a la Confederación o a los cantones. Un contraproyecto que la diputada Kathrin Bertschy (verde liberal) no ha dudado en calificar de “ejercicio burocrático indigno de la Constitución”. Pero los adversarios de la iniciativa han quedado aislados: el Consejo Nacional aprobó el texto con 175 votos a favor, 5 votos en contra y 10 abstenciones; el Consejo de los Estados (cámara alta) la aprobó por 36 votos contra 4 y 4 abstenciones.
Así pues, la campaña por la votación parece que discurrirá en una sola dirección: el contraproyecto no solo goza del apoyo de todos los partidos y de las grandes organizaciones agrarias, sino también de entidades que han sido críticas con el artículo 104a –como Uniterra, por ejemplo– que, al considerar que satisface algunas de sus propias exigencias, han renunciado a combatirlo.
Traducción del italiano: José M. Wolff
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