“Reeducación para el trabajo”: el trabajo forzado en el período del auge económico en Suiza

Trabajo y vida cotidiana en el hogar para mujeres Ulmenhof, en el pueblo de Ottenbach, cantón de Zúrich, donde también se alojaban "niñas difíciles de educar", agosto de 1970. Keystone

Hasta mediados de los años setenta existía en Suiza el trabajo forzado con una misión educativa. De él se aprovecharon también empresas industriales suizas. 

Pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Parlamento suizo se dispuso a actuar. Decidió la adhesión de la Confederación a un tratado que prohíbe el trabajo forzado, un convenio que a día de hoy sigue vigente.

La mayoría parlamentaria argumentaba que Suiza solo se adhería al convenio por razones éticas. El tratado no afectaba a Suiza, según el Consejo Federal, solo regulaba “el trabajo de los indígenas en las colonias”.

Como luego se pudo comprobar, se trató de una equivocación colosal. El convenio afectó a Suiza de forma directa, ya que el trabajo forzado también existía en el país alpino. Sin embargo, a esta conclusión todavía se llegaría décadas más tarde; un hecho que significó la perdición para miles de personas “internadas” por decisión administrativa.

Comisiones para presos

Una de las recluidas fue Liselotte S. Al igual que otros centenares de chicas, fue internada en un centro industrial privado para ser “reeducada”. Entre 1960 y 1962 estuvo recluida en el Centro penitenciario de Sonnenberg en Walzenhausen (Appenzell). Este tipo de centros se financiaba a través de la mano de obra de reclusas a las que se les obligaba a trabajar sin sueldo para empresas industriales suizas.

“¡Cerrad el pico, mantened el orden y aguantad!”, rezaba una pancarta en un centro de menores. De este modo se alentaba a las chicas a mantener la moral alta mientras realizaban el trabajo forzoso. RBA/Staatsarchiv Aargau/Reto Hügin

Durante aquel período de gran prosperidad económica, el centro de Sonnenberg, con inscripción en el registro mercantil, recibió de dos industriales incluso comisiones a cambio de facilitar los servicios de esas reclusas.

El centro fabril de Walzenhausen funcionaba según reglas estrictas. Arrestaban a quienes se rebelaban y perseguían a las que huían. Las internas que después de huir se negaron a volver al centro, tenían incluso que contar con ser detenidas en la cárcel durante un tiempo. Es lo que le pasó a Liselotte S. “Es una gran injusticia por la que nadie jamás ha tenido que rendir cuentas”, dice la afectada, que hoy tiene 82 años.

A Liselotte S. la ingresaron el 22 de marzo de 1960 en el centro de Walzenhausen, apenas iniciada la década de la bonanza. Entonces, se podía escuchar en la radio la canción de éxito “Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini” que revolucionó la moda de los trajes de baño. En Zúrich, la Policía municipal actuaba contra los “gamberros” que desconcertaban a la “sociedad burguesa” con sus chaquetas vaqueras. En Walzenhausen, 19 escolares solo calzaban los zapatos de madera que les había proporcionado la asistencia social porque sus padres no tenían dinero suficiente para permitirse comprar calzado apropiado a sus hijos.

Aquel día de marzo, Liselotte S., que entonces tenía 19 años, tuvo que subir al tren de cremallera en Rheineck del Rheintal para desplazarse al Vorderland appenzellense. Le acompañaba una funcionaria de la asistencia social. “No sabía adónde me llevaban. Solo me dijeron: «Ahora vas a ir a un lugar donde podrás trabajar»”, recuerda.

En el centro privado para chicas, la presunta educación consistía en trabajos industriales monótonos. El salario se ingresaba directamente al centro, el cual lo descontaba para pagar los costes de alimentación y alojamiento de las internas, así como sus gastos personales, como el seguro de enfermedad.

Liselotte S. reconoce que hoy cuestiona muchísimo más las cosas que antes. “Por ejemplo, la manera en que el director del centro nos explotaba. Nos utilizaba porque no éramos libres. Me parece terrible. Pero entonces éramos jóvenes y nos parecía normal.”

Excarcelación autofinanciada

La explotación era metódica. El Estado utilizaba el dinero para financiar el internamiento de las adolescentes. Para Liselotte S., las autoridades bernesas prefirieron un centro que no les costaba nada.

En el certificado del Seguro de Vejez y Supervivientes (SVS) de Liselotte S. consta cada céntimo que el Estado ahorró gracias a su trabajo forzoso. Si bien sobre el papel ganó 8.475 francos durante los 33 meses de su encarcelamiento —un valor que hoy equivaldría a unos 34.000 francos—, solo le ingresaron en su libreta de ahorro el uno por ciento de ese total tras descontarle todas las retenciones. En el momento de su excarcelación, Liselotte S. tenía 21 años y no disponía de formación ni de recursos. 

El Consejo de Estado de Berna sabía perfectamente lo que hacía. En un protocolo comunicó que a Liselotte S. se le ofrecía la “oportunidad de trabajar en distintas empresas industriales para ganarse así la vida” en el marco de su “reeducación” en un “centro educativo”. Así consta en las actas de sesiones del 29 de abril de 1960 bajo el apartado del orden del día que decía: “Traslado administrativo de una menor de edad a un correccional”. Entonces, la edad adulta empezaba oficialmente a los 20 años.

Liselotte S. ya fue víctima de un internamiento extrafamiliar a los 11 años por haber nacido fuera de matrimonio, pese a la resistencia exasperada de su madre. Y a los 19 años, las autoridades problematizaron una única noche de cine que la chica había pasado con un hombre de la misma edad. Solo con un internamiento en un centro se podía “prevenir un embarazo extraconyugal de la chica, al menos durante el tiempo de su internamiento”, decía la instancia elevada al Consejo de Estado que admitió la grotesca imputación para ordenar el encarcelamiento preventivo, que justificó con las siguientes palabras: “su desarrollo moral peligra gravemente”. 

Las autoridades utilizaron el eufemismo “reeducación para el trabajo” al referirse a la experiencia dolorosa por la que tuvo que pasar Liselotte S. Walzenhausen no era ninguna excepción. Hubo centros industriales similares en el pueblo cercano de Lutzendorf, en el Toggenburgo, y también en los cantones de Glaris y Soleura. Todos estos centros alojaban a adolescentes a los que las autoridades de los servicios sociales habían impuesto obligaciones laborales.

Esta práctica seguía vigente a pesar del Convenio internacional relativo al trabajo forzoso que lo prohibía desde 1941. Este tratado definía el trabajo forzoso como actividad laboral que “se le exige a una persona bajo la amenaza de cualquier pena”. Según este convenio, el Estado no puede imponer a nadie una obligación laboral sin condena judicial.

Sin embargo, era exactamente eso lo que se solía hacer con este tipo de “internamientos”. Las mujeres internadas en los centros industriales no eran delincuentes condenadas. Como ocurrió en el caso de Liselotte S., estas jóvenes solo fueron recluidas en los centros fabriles porque ya habían sido “internadas” durante la infancia por ser pobres, por haber nacido fuera de matrimonio o por ser hijas de padres divorciados.

Vista de la habitación de un hogar para mujeres equipado con muebles sencillos, donde también vivían “niñas difíciles de educar”. Keystone

Con frecuencia, estos menores “internados” tenían un estatus jurídico peor que los delincuentes juveniles. Desde 1942, el Código Penal Suizo exigía que se les ofreciera a estos últimos la posibilidad de realizar un aprendizaje. A los “internados”, en cambio, se les podía obligar a trabajar para un campesino o un fabricante. Muchos nunca pudieron hacer un aprendizaje, por lo que sus oportunidades de ascenso eran escasas tras la excarcelación en la sociedad de la posguerra. 

Bajo las condiciones favorables que ofrecía el incipiente auge económico, crecía la demanda de estos centros industriales. La falta de mano de obra, junto con la prosperidad económica, favorecía la creación de un entramado complejo entre la industria y los servicios sociales que se basaba en el trabajo forzoso. En algunas regiones, la colaboración entre las empresas industriales y las autoridades sociales para el beneficio mutuo era sorpresivamente estrecha.

Fin paulatino

Sin embargo, al final del período de expansión económica de la posguerra, fue cada vez más difícil justificar el trabajo forzado en el plano político, especialmente, frente a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, que tenía la obligación de controlar el cumplimiento del Convenio relativo al trabajo forzoso en los Estados signatarios. Las primeras preguntas incómodas se dirigieron a Suiza ya en 1949, pero no fue hasta 1967 cuando la OIT ya no se contentaba con las reinterpretaciones que las autoridades oficiales suizas hacían del trabajo forzado. La organización onusina advirtió a Berna de forma rotunda que Suiza estaba infringiendo el Convenio núm. 29 relativo al trabajo forzoso.

Solo un juez podía dictar una obligación laboral, todo lo demás era trabajo forzoso, señaló la OIT en su informe. En 1969, Suiza solo pudo adherirse con reservas al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según el portavoz de la comisión correspondiente del Consejo Nacional, el motivo para estas reservas era la vigencia de “algunas leyes cantonales sobre el internamiento en centros”. La quinta razón que mencionó el portavoz era “la falta de derechos políticos para las mujeres”.

Ante este panorama, el entonces presidente de la Confederación, Ludwig von Moos, habló claro. En un debate en el Consejo Nacional en 1969, el consejero federal reconoció que los “internamientos” podían estar relacionados con el “trabajo forzado”. En los casos de una orden de internamiento no suponía solo un problema la falta de sentencia judicial, sino también el hecho de que ”el internamiento podría, tal vez, contravenir el Convenio internacional relativo al trabajo forzoso u obligatorio”, afirmó. Por tanto, el consejero federal y ministro de Justicia admitió oficialmente la existencia del trabajo forzoso en Suiza. Supuso el principio del fin para las medidas coercitivas administrativas, que a partir de 1981 ya no se pudieron ordenar.

Yves Demuth es autor del libro “Schweizer Zwangsarbeiterinnen. Eine unerzählte Geschichte der Nachkriegszeit” [Trabajadoras forzadas suizas. Una historia desconocida de la posguerra], publicado en 2023.

Texto adaptado del aleman por Antonio Suárez Varela