¿Por qué Suiza sigue rechazando un impuesto sobre el azúcar?
Durante su sesión de primavera, la Cámara Baja del Parlamento suizo rechazó dos iniciativas cantonales que pedían instrumentar medidas en torno al azúcar para favorecer la salud pública. Un delicado debate que evidencia la complejidad del tema en Suiza y el poder de los grupos de presión del sector agroalimentario.
No significa no. Desde 2017, el Consejo Federal y una mayoría parlamentaria suiza han rechazado sistemáticamente toda iniciativa o propuesta que solicite nuevas medidas relacionadas con el azúcar en favor de la salud pública. A nivel cantonal, Vaud, Neuchâtel y Jura también han desechado la idea.
Las propuestas más recientes, a cargo de los cantones de Ginebra y Friburgo, también fracasaron: el Consejo Nacional (cámara baja parlamentaria) las rechazó tajantemente durante la sesión de primavera, confirmando así la posición manifestada por el Consejo de los Estados (cámara alta) en 2021. Lo anterior dejó un amargo sabor de boca entre los partidarios de crear un impuesto sobre el azúcar.
Friburgo, a través de dos diputados médicos, solicitó incluir el contenido de azúcar de un producto en la información nutricional. El cantón también pedía hacer obligatorio un etiquetado legible. Ginebra, por su parte, quería regular restrictivamente el contenido de azúcar añadido de las bebidas industriales y los alimentos procesados.
El texto de Friburgo fue considerado superfluo por la mayoría de los partidos de derecha del Consejo Nacional. Las razones: la última revisión de la legislación de productos alimenticios contempla que en breve sea obligatorio indicar el contenido de azúcar en los valores nutricionales y la Unión Europea ya está estudiando el tema de un etiquetado más claro y legible. Con respecto al impuesto sobre el azúcar, los legisladores depositan toda su confianza en los esfuerzos voluntarios de la industria. Y el gobierno también.
Un 10% menos de azúcar de aquí a 2024
“La Declaración de Milán ya ha permitido reducir el contenido de azúcar de los productos del desayuno”, afirmó el valesano Philippe Nantermod, diputado del Partido Liberal Radical (PLR) y miembro de la Comisión de Ciencia, Cultura y Educación del Consejo Nacional.
¿Qué es la Declaración de Milán? Una iniciativa lanzada en 2015 por la Oficina Federal de Seguridad Alimentaria y Asuntos Veterinarios (FOVV), precisa su portavoz, Sarah Camenisch. “Al firmar esta declaración, los minoristas y los fabricantes de bebidas y alimentos aceptaron reducir voluntariamente el contenido de azúcar de sus productos”.
En la actualidad, 24 empresas suizas han optado por reducir el nivel de azúcar de sus productos. Y la Declaración de Milán amplió su alcance en febrero de 2023. “A partir de ahora, además de los cereales para el desayuno y los yogures, también forman parte del compromiso los refrescos, las bebidas lácteas y el requesón. Las empresas firmantes desean reducir un 10% el contenido de azúcar de estos productos para finales de 2024”, añade Sarah Camenisch.
“Hemos logrado sentar a la mesa a todos los actores relevantes de Suiza (desde la producción hasta la distribución de productos alimenticios) para instrumentar una estrategia coordinada con objetivos voluntarios”, dice Simone de Montmollin, diputada del PLR por el cantón de Ginebra. “Estos objetivos han sido respetados por todos y han resultado exitosos. Nos están permitiendo alcanzar resultados comunes. Sin duda, esta colaboración habría sido imposible si se hubiera introducido un impuesto”.
Una comida con Coca Cola
Los resultados obtenidos a partir del 2016 son concretos, dice la legisladora: -25% de azúcar en los cereales de desayuno y -9% en los yogures. “Las bebidas azucaradas y otras preparaciones también están en el centro de la Declaración de Milán. En febrero se firmó un nuevo paquete de objetivos, y no hay motivos para pensar que los resultados serán menos buenos en el futuro que los obtenidos con los cereales o los yogures, ni que una ley nos permitiría avanzar con más rapidez”.
Coca Cola Suiza se congratula de haberse adherido a la Declaración de Milán y de haber tomado medidas incluso antes. “Desde 2005, nuestra empresa ya había reducido en más de 10% el contenido de azúcar en su gama de productos alimentarios”, afirma la portavoz, Natasja Sommer. “Para alcanzar los nuevos objetivos, Coca Cola Suiza introducirá más innovaciones”. Dado que estas innovaciones merecen ser explicadas, según Coca Cola, la empresa decidió invitar a un grupo de parlamentarios a un almuerzo con sesión informativa el pasado 15 de marzo en Berna.
Grupos de presión, activos en el Parlamento
Una estrategia de mercadotecnia que molesta a quienes piden un impuesto sobre el azúcar. “La labor de cabildeo en favor del azúcar es muy poderosa. Además de Coca Cola, la industria alimentaria y los gigantes de la distribución se movilizan. Un impuesto sobre el azúcar tendría un inevitable impacto en sus negocios”, dice Léonore Porchet, diputada verde del cantón de Vaud. La estrategia de cabildeo está presente incluso al interior de la Comisión de Ciencia, Educación y Cultura, denuncia la diputada socialista de Friburgo Valérie Piller Carrad y apunta un dedo flamígero hacia Simone de Montmollin, miembro del Consejo de Administración de Sucre Suisse SA, organismo que garantiza el abastecimiento azucarero del país.
Pero la liberal-radical ginebrina no se deja amedrentar: “Las reglas de recusación que marca la ley del Parlamento son muy claras, y yo las he aplicado integralmente. Además, a nadie se le ocurriría pedir a los miembros de la asociación de inquilinos (Asloca) que no intervengan en los debates relevantes sobre las leyes de arrendamiento. De hecho, participaron activamente en estos temas durante los debates de la segunda semana de la sesión de primavera. A diferencia de ellos, yo tomé la decisión personal de mantenerme al margen de las discusiones parlamentarias sobre el azúcar aunque nada me obligaba a ello”.
Pese a las afirmaciones de Simone de Montmollin, los defensores de la creación de un impuesto sobre el azúcar se sienten impotentes ante el poderoso trabajo de cabildeo de la industria alimenticia. “Los defensores de la salud y las organizaciones que protegen los intereses de los pacientes y consumidores cuentan con muy pocos medios para llamar a una prevención más eficaz, en comparación (con el cabildeo alimentario)”, destaca Léonie Chinet, secretaria general de diabètevaud, una asociación de diabéticos del cantón de Vaud.
El mundo actúa, Suiza se rezaga
“Unos 80 países del mundo han introducido ya un impuesto sobre el azúcar, a partir de distintos modelos. Es lamentable que Suiza no esté dispuesta a intentar algún esquema. Nos conformamos con la Declaración de Milán”, lamenta la diputada socialista ginebrina Laurence Fehlmann Rielle. “Reducir un 10% el contenido de azúcar de las bebidas no es nada. Es sólo una fachada”.
“Unos 80 países del mundo han introducido ya un impuesto sobre el azúcar, a partir de distintos modelos. Es lamentable que Suiza no esté dispuesta a intentar algún esquema”.
Laurence Fehlmann Rielle
Valérie Piller Carrard coincide: “No logramos ver este asunto desde una perspectiva de salud pública. Es deplorable. Otros países han abordado el problema frontalmente. Han pasado a la acción porque era necesario. En Suiza, un decilitro de Fanta contiene el doble de azúcar que en Gran Bretaña. Según la OMS, la cantidad de azúcar consumida diariamente no debe superar el equivalente a seis cucharaditas, pero en nuestro país el consumo per cápita es cuatro veces superior”.
Gran Bretaña es un buen ejemplo, dice Laurence Fehlmann Rielle: “Las autoridades advirtieron con dos años de antelación a la industria alimentaria que habría un gravamen sobre las bebidas con azúcar añadido. Esto permitió a las empresas adaptarse y reducir el contenido de azúcar de sus productos, con objeto de pagar menos impuestos”. En Portugal, las autoridades también introdujeron un impuesto sobre las bebidas azucaradas y rápidamente se observó un descenso significativo del consumo.
Léonore Porchet cita, por su parte, el ejemplo de Chile. “Los niños eran víctimas de la obesidad desde muy pequeños. Las autoridades adoptaron las medidas necesarias para identificar claramente los productos (en los que debían enfocarse). Y los resultados fueron impresionantes: el consumo de bebidas azucaradas, por ejemplo, ha disminuido casi un 25%”. Colombia introdujo este año un impuesto sobre los alimentos ultraprocesados.
Llamamiento a la responsabilidad individual
Los críticos de la creación de un impuesto sobre el azúcar abogan por la responsabilidad individual. “Creo que cada ciudadano debe hacerse cargo de su alimentación”, afirma Philippe Nantermod, “la educación de los niños es, fundamentalmente, una responsabilidad de los padres. La escuela también juega un rol relevante, pero es tarea de los cantones, no de la Confederación.”
Léonore Porchet tiene una visión distinta. “El 80% de los alimentos procesados contienen azúcar añadido. Vivimos en una sociedad claramente diabetógena y no todos estamos en igualdad de condiciones frente al azúcar. Cada vez hay más niños afectados por la obesidad y la diabetes de tipo 2. Así que no podemos dejarlo todo a la responsabilidad individual”.
“Es una locura”, resume Valérie Piller Carrard, “en cuanto hablamos de azúcar, todo se torna delicado. He mantenido conversaciones con productores de remolacha y les repito que no tienen nada que temer: no es un impuesto lo que hará que reduzcan su producción”.
Laurence Fehlmann Rielle, concluye, por su parte, que “desgraciadamente, son siempre los socialistas y los Verdes quienes se interesan por este tema, a pesar de que la salud pública no debería ser una cuestión de partidos de izquierda o derecha”.
Dos tercios de los países de América Latina aplican algún impuesto relacionado con el consumo de azúcar, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Algunos ejemplos son: Chile, Brasil, Colombia (a partir de noviembre del 2023), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La población latinoamericana consume más de 400 mililitros de bebidas azucaradas por día -el doble del nivel mundial-, lo que encendió alarmas en la ONU desde hace años, ya que 6 de cada 10 personas tiene sobrepeso u obesidad.
De acuerdo con el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: América Latina y el Caribe 2022Enlace externo, publicado por la FAO en enero, 10 países de la región han ido incluso más lejos promulgando leyes sobre el tema y colocando etiquetas negras octagonales con advertencias para el consumidor.
Cada país ha elegido su tasa impositiva, pero las autoridades latinoamericanas han reconocido, a través de sus políticas que se requería un cambio en favor de la salud pública. La decisión ha fortalecido los ingresos tributarios y reducido el gasto en salud de estas naciones.
España también cobra un impuesto sobre las bebidas azucaradas y edulcoradas desde el 2021.
La Encuesta Europea de Salud 2020 Enlace externoreveló que 45% de los hombres y 30% de las mujeres de más de 18 años padecían algún tipo de sobrepeso y 16% estaba en obesidad.
La Sociedad Española de Salud Pública lanzó exhortos desde el 2016 para introducir un impuesto sobre el azúcar, pero una férrea oposición de la industria alimentaria dio largas al asunto. Finalmente, el objetivo se cumplió hace dos años.
Andrea Ornelas
Texto adaptado del francés por Andrea Ornelas
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