Se fortalece el movimiento indígena peruano
En impasse luego de generar la peor crisis social de Perú en los últimos años, la apertura de la Amazonía a la inversión privada atentaría contra el proyecto de vida de las comunidades indígenas de la región, advierte ONG Suiza.
Lima, que apuesta a esa medida económica para fomentar el desarrollo del país, tuvo que dar marcha atrás y el Congreso revocó dos decretos concernidos.
«La andanada contra la riqueza forestal del país, que cobra fuerza con Alan García, se produce cuando los movimientos indígenas están mejor organizados», subraya Hugo de la Cruz, responsable de los programas de la ONG Suiza Acción Cuaresmal, en Perú.
Su pronunciamiento coincide con los análisis de diversos medios internacionales para los que el desarrollo de los recientes acontecimientos en el país traduce el fortalecimiento del movimiento indígena peruano.
«Hoy las organizaciones indígenas están mucho más informadas, organizadas, cohesionadas. Tienen una más sólida formación académica y política, un proyecto de futuro y una propuesta que respeta el ecosistema y que no tendría viabilidad con los decretos de Alan García», subraya De la Cruz a swissinfo.ch.
Mayor inversión, para mayor desarrollo
Muy otra, la visión de las autoridades peruanas señala que es necesario abrir al capital –nacional y extranjero- la riqueza de la Amazonía, que ocupa 75% de la superficie del país, para responder a las demandas sociales.
«El objetivo del Gobierno es llevar desarrollo y beneficio a todos los peruanos, y en particular a los pobladores de la Amazonía. En la medida en que haya más inversión, habrá más trabajo, más recursos para proporcionarles salud, educación, vivienda», señala la embajadora Elizabeth Astete.
En entrevista con swissinfo.ch, la representante de Perú ante Suiza, ratifica la postura de su Gobierno en el sentido de que, dados los acontecimientos, el proceso de modernización que se busca con la inversión privada tendrá que darse de una manera más ponderada.
Una mezcla peligrosísima
Por su parte, Hugo de la Cruz considera que la forma en que procedieron las autoridades peruanas «demuestra su ignorancia hacia esas comunidades. Y cuando se junta la ignorancia con el racismo y la discriminación, se produce una mezcla peligrosísima».
Cabe recordar que en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Gobierno de Perú emitió un paquete legislativo para permitir inversiones privadas en la Amazonía, lo que provocó una sensación de despojo entre los habitantes de esa zona.
Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos, el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y el 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de la Tierra de Uso Agrario).
En un intento por romper el bloqueo, el 5-6 de junio, las autoridades se enfrentaron a los indígenas en la zona de Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, con un saldo de 34 personas muertas, en su mayoría policías.
Ante la gravedad de los hechos, y en medio de la peor crisis social del país en los últimos años, el Congreso suspendió primero y derogó después ambos decretos.
Alan García pide perdón
«Aprendo que, querer modernizar muy rápidamente trae conflictos y no tengamos temor de eso si el país avanza, pero evitemos la muerte y el dolor que son irremediables, y si ocurrieron, rectifiquemos, reconciliemos y recomencemos», declaró el jueves 18.06 el presidente Alan García.
En un discurso a la nación, el mandatario peruano también pidió perdón a sus conciudadanos por el manejo de la crisis que además del saldo fatal, impactó la esfera política (con la dimisión de dos ministros) y las relaciones con los países vecinos (acusaciones de injerencia al Gobierno del boliviano Evo Morales).
El propio mandatario peruano pidió al Congreso la derogación de los decretos que nos ocupan y a cuyo fracaso la embajadora Astete atribuye también una deficiente estrategia de comunicación y la carencia de mecanismos de consulta popular en el país para el tema de las legislaciones.
Tierras intangibles y de reserva ecológica
Considera que no quedó claro el hecho de que con la apertura a la inversión privada de la Amazonía también se pretende poner coto a los procesos de explotación irregulares (tala inmoderada, incontrolados desechos de cianuro) que dañan el ecosistema.
Descarta las críticas en el sentido de que esa política de liberalización vaya en detrimento de las comunidades indígenas o del medioambiente:
«También hay que tomar en cuenta que los 400 mil indígenas (de la zona) cuentan con una superficie de 12 millones de hectáreas que no van a ser tocadas, «intangibles», como tampoco serán tocadas 15 millones de hectáreas para reservas naturales».
Beneficios sólo para el capital
Escéptico, Hugo de la Cruz recuerda el caso de la explotación del caucho a finales del siglo XIX y principios del XX que dio pie a la masacre de poblaciones indígenas.
«Si las explotaciones de los recursos naturales en Perú hubieran garantizado siquiera un 5% de las necesidades del país, podrían (las autoridades) tener un margen de credibilidad», subraya.
«Si uno revisa la explotación de los recursos naturales de todo el país, no sólo de la Amazonía, se ve que no ha significado en absoluto beneficios para el pueblo, sino para los inversionistas y el capital. Los enfrentamientos del 5 y 6 de junio no son sino un momento, una escena de una larga crónica de hechos».
Marcela Águila Rubín, swissinfo.ch
Acción Cuaresmal es una ONG católica suiza cuyo eslogan es «compartimos» y que actúa en favor de los más desfavorecidos tanto en suiza como en los países de África, América Latina y Asia.
Los objetivos objetivos principales de la Acción Cuaresmal en Perú son mejorar la situación de vida de las personas en las zonas del proyecto, democratización, promoción y respeto de los derechos humanos, religiones y culturas.
La igualdad entre las diferentes culturas y entre hombres y mujeres, así como la prevención y transformación de conflictos son de central importancia en todos los proyectos.
El relator de la ONU para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, aseguró que «no existen» elementos para hablar de genocidio de los indígenas en la Amazonía peruana, pero recomendó que una comisión «independiente» investigue los recientes enfrentamientos entre las autoridades y los nativos.
El primer ministro y jefe del Gabinete del presidente Alan García, Yehude Simon, dijo el viernes 19.06 que presentó su renuncia.
Con 82 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el Congreso peruano derogó el jueves 18.06 los decretos 1090 y 1064, aprobados el año pasado para aumentar la inversión en la selva.
Desde el pasado mes de abril, las comunidades indígenas de la región organizaron una serie de bloqueos para exigir la supresión de dos de esos decretos, el 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) y el 1064 (Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de la Tierra de Uso Agrario).
Las protestas fueron lideradas por el indígena Alberto Pizango, acusado por el Gobierno de sedición, conspiración y rebelión y quien permaneció refugiado en la embajada de Nicaragua en Lima por más de una semana.
En un intento por romper el bloqueo, el 5-6 de junio, las autoridades se enfrentaron a los indígenas en la zona de Bagua, a unos 1.400 kilómetros al norte de Lima, con un saldo de 34 personas muertas, en su mayoría policías.
La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Carmen Vildoso, renunció a su cargo el 8 de junio por discrepancias con la forma en que se manejaron las protestas indígenas.
El presidente Alan García, conduce una economía de libre mercado para apuntalar el crecimiento del país. Durante su primer Gobierno (1985-1990) dirigió una política populista e intentó estatizar la banca.
Por ello aprobó las polémicas leyes que permitían la inversión privada en la Amazonía, que cubre el 60 por ciento del territorio peruano y que alberga grandes reservas de petróleo, gas y recursos forestales, según analistas.
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