Diagnóstico global de los derechos humanos

La formación está incluida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Keystone

Sesenta años después de su adopción, la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa siendo violada por diversos Estados signatarios.

Un nuevo instrumento – el Examen Periódico Universal, permitiría progresos para evitar esos atropellos.

«A finales de la década de los años 1940 en Ginebra, el Consejo Económico y Social de la ONU declaró que ni él ni la Comisión de Derechos Humanos (reemplazada ahora por el Consejo de Derechos Humanos) deberían pronunciarse sobre los casos de violación de derechos humanos en los países adheridos a la Declaración. Una resolución que aún se mantiene», indica Adrien-Claude Zoller, fundador de la asociación ‘Ginebra por los Derechos Humanos’.

«Así se inició el establecimiento de los relatores especiales (expertos independientes que investigan sobre los derechos humanos). Se requirieron años para poner en marcha su trabajo».

Procedimiento universal

Al remplazar en 2006 a la criticada Comisión de Derechos Humanos, el nuevo Consejo de Derechos Humanos se dotó de un nuevo instrumento de vigilancia: el Examen Periódico Universal (EPU). Con él se examina la situación en cada Estado miembro de la ONU.

Tras su implantación a principios de año, 32 Estados han pasado ya por el EPU y 16 más se encuentran en medio de ese proceso. Andrew Clapham, director de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos, indica un primer progreso con el EPU. «Todos los Estados del mundo están sometidos al mismo procedimiento, de cara a su obligación en materia de derechos humanos. Esto vale tanto para las grandes potencias, como para los países pequeños ignorados en el pasado».

«Este examen permite un diagnóstico global de la situación en cada país, pese a que pudieran aún subsistir zonas sobrias», agrega, por su parte, el experto Yves Lador.

Dos puntos de vista que matiza Adrien Claude Zoller: «Se trata de un útil suplementario para aplicar el respeto a los derechos humanos, pero ya existían exámenes periódicos con los órganos de supervisión de los acuerdos relativos a los derechos humanos. Los relatores especiales hacen estudios cada año y envían periódicamente cuestionarios a los gobiernos concernidos».

La apuesta al diálogo

«La verdadera novedad se encuentra en el método de trabajo. No son los expertos los que evalúan la situación en un Estado, sino los gobiernos», especifica el cofundador de UPR-info.org, una mina de información con respecto a los nuevos Exámenes Periódicos Universales.

En esto coincide Zoller: «El examen depende de lo que de modo soberano acepta el Estado. Tras dos o tres revistas, los Estados que no participan aparecerán un día. Lo que les provocará problemas. Los EPU comenzarán a funcionar en una década. Para los Estados que participan y para los gobiernos acostumbrados a dialogar con la sociedad civil, el impacto puede ser inmediato».

En el caso helvético, se ha establecido un espacio de diálogo entre una coalición de organizaciones civiles y el gobierno cuando le tocó el turno a Suiza de tener su EPU. Este espacio de diálogo existe en muchos otros países, afirma Adrien-Claude Zoller.

El caso de las dictaduras

Pero, ¿qué ocurre en caso de una dictadura? Durante la tercera sesión de los exámenes en curso actualmente, el Consejo trabajará en Turkmenistán (el 9 de diciembre) y en Uzbekistán (el 11 de diciembre). El examen permitirá ver si estos sendos regímenes, conocidos como muy autoritarios, reconocen las graves violaciones que comenten.

Una constatación válida también para el Estado democrático de Israel, envuelto en su conflicto con los palestinos (el 11 de diciembre), y para Colombia (el 10 de diciembre), nación que se enfrenta desde hace décadas a un conflicto interno.

«No hay que esperar milagros de este examen. Pero los Estados pueden solicitar a Israel que preste mayor atención a las resoluciones de la ONU y a las convenciones internacionales que ha suscrito», indica Yves Lador. «Antes de que existieran los EPU ese espacio para hacer este tipo de cuestionamientos no existía».

No obstante, el especialista considera que los EPU deben otorgar mayor espacio de participación a expertos, relatores especiales y organizaciones civiles en la redacción de las recomendaciones hechas a un Estado.

La importancia del seguimiento

Queda en el tintero el asunto del seguimiento a estos Exámenes Periódicos Universales. Las modalidades de este proceso aún no han sido completamente fijadas. De acuerdo a Andrew Clapham, allí reside precisamente el gran potencial de los EPU: «Al final del examen, el Estado asume compromisos y los otros países querrán seguir esos esfuerzos, que bien pueden significar la abrogación (o derogación) de ciertas leyes o la reforma de instituciones problemáticas».

«Cuando el país concernido pasa de nuevo por su examen, los otros Estados podrán medir el grado de aplicación de sus compromisos».

swissinfo, Frédéric Burnand, Ginebra
(Traducido del francés por Patricia Islas Züttel)

Los 16 Estados examinados

Botswana, Bahamas, Burundi, Luxemburgo, Barbados, Montenegro, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Liechtenstein, Serbia, Turkmenistán, Uzbekistán, Burkina Faso, Cabo Verde, Colombia y Tuvalu.

Los EPU

A finales de 2008, durante su primer año de existencia, el Examen Periódico Universal (EPU) habrá sido aplicado a 48 países.

Los 192 Estados miembros de la ONU deberán ser examinados una vez cada cuatro años.

Los EPU se realizan al margen de las sesiones regulares del Consejo de Derechos Humanos.

Este examen toma forma de diálogo de una duración de tres horas para cada país. Se basa en tres tipos de documentación: un informe de 20 páginas presentado por el país examinado; un informe de 10 páginas del Alto Comisionado de Derechos Humanos que reúne las informaciones generadas por los órganos de la ONU; un resumen de 10 páginas con proposiciones de organizaciones civiles, escrito por el Alto Comisionado.

Por cada país evaluado, tres diplomáticos de países distintos y seleccionados en un sorteo coordinan el examen, que se traduce en un informe y recomendaciones dirigidas al Estado examinado y adoptadas por los miembros del Consejo de Derechos Humanos.