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Suiza, dispuesta a plegarse nuevamente ante la OCDE

Suiza planea facilitar aún más la identificación de extranjeros sospechosos de evasión fiscal. Keystone

El gobierno helvético confirmó que está dispuesto a flexibilizar los requisitos que solicita a otros gobiernos para entregarles información bancaria confidencial sobre clientes sospechosos de evasión.

La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) y los partidos políticos cuestionan la intención; pero el Gobierno helvético se justifica argumentado que sería muy costoso para el país ser incluido de nuevo en una ‘lista negra’ de la OCDE.








Suiza teme ser incluida nuevamente en la ‘lista negra’ de países no colaboradores en materia fiscal elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Por esta razón el Ministerio de Finanzas anunció este martes (15.02.) su intención de flexibilizar los requisitos que pide a otros Estados para entregarles información administrativa sobre clientes de la plaza financiera helvética.

En todos los casos deberá tratarse de clientes extranjeros sospechosos de evasión en su país. Sin embargo, hasta ahora, Suiza exigía que su contraparte le hiciera llegar el nombre y domicilio expreso del contribuyente investigado.

Si la reforma anunciada prospera, la Confederación Helvética aceptará “excepcionalmente” que el otro gobierno entregue sólo un número de cuenta que tenga disponible sobre el presunto evasor.

El anuncio, realizado por la ministra de Finanzas, Eveline Widmer-Schlumpf, levantó ámpula en el interior del sistema financiero y del engranaje político nacional.

Los temores de Suiza

Ante la prensa helvética, la ministra de Finanzas aceptó que Suiza está en riesgo de ser considerada nuevamente un país opaco en términos de colaboración fiscal con otros gobiernos.

Y afirmó que ingresar a una nueva ‘lista negra’ de la OCDE entrañaría medidas de represalia por parte de otros gobiernos que pondrían en jaque el futuro y la estabilidad de la economía suiza.

En opinión de Widmer-Schlumpf, la propuesta en análisis implica una mera “adaptación técnica que el Gobierno espera que se traduzca en un tema de campaña electoral”.

Sin embargo, sobre la marcha es imposible despolitizar el asunto.

Posiciones de los partidos

El anuncio del Ministerio de Finanzas despertó la inconformidad inmediata de la Unión Democrática del Centro (UDC, derecha conservadora), que estima que la plaza financiera suiza se verá nuevamente vulnerada.

Por escrito, la UDC expresó que “la nueva adaptación implica una reinterpretación de acuerdos para la doble imposición que ya fueron pactados, firmados y aprobados”.

En tanto, el Partido Liberal Radical (PLR, derecha) calificó de “prematura e inútil” la decisión del Gobierno suizo, que reacciona en exceso y peligrosamente ante una petición que la OCDE no ha extendido siquiera de manera formal.

El Partido Socialista (PS) estima que el Gobierno suizo debió prever este escenario antes e incluir esta posibilidad cuando se revisó el secreto bancario hace un par de años.

Y los Verdes avalan la  intención gubernamental, porque estiman que avanza en la dirección correcta, pero consideran que debe desarrollarse un debate profundo al respecto.

Suiza, demasiado rígida

En opinión del Ministerio de Finanzas, Suiza se ha percatado de la rigidez que caracteriza su sistema de intercambio de información administrativa con otros gobiernos.

Esto es, el exigir siempre que el otro gobierno le entregue el nombre y domicilio del contribuyente investigado por sospechas de evasión “es un obstáculo para la colaboración eficaz con otras administraciones”.

Por ello son necesarias algunas adaptaciones, puntualiza el Ministerio, e insiste en que el gobierno helvético no se prestará a la temida ‘cacería’ masiva de extranjeros (fishing expedition).

Y precisa que Suiza tampoco aceptará el intercambio automático de información fiscal entre gobiernos, como lo pide la Unión Europea (UE).

Los bancos se oponen

La Asociación Suiza de Banqueros (ASB) se ha opuesto de inmediato a la flexibilización que sugiere el Gobierno de Berna y desmantela todos sus argumentos.

Los banqueros aseguran que una solicitud bien fundamentada debe anteceder a cualquier intercambio de información administrativa.

Y destacan que los intereses de la plaza financiera suiza deben ser sólidamente representados por el Gobierno frente a las autoridades financieras internacionales y de cara a organismos como la OCDE.

La Asociación de Banqueros Privados Suizos (ABPS) cerró filas con la ASB, al considerar que el Gobierno suizo comete un error al plegarse nuevamente ante el denominado ‘club de los países ricos’.

Las presiones de la OCDE

Cabe recordar que el Foro Mundial para la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales (Foro Mundial) coordina desde 2010 una serie de exámenes entre gobiernos, conocidos como ‘peer reviews’.

Estos mecanismos tienen por objeto asegurar que todos los países miembros del Foro -Suiza incluida- cumplan con los estándares de asistencia administrativa que fija la OCDE.

Suiza fue sometida a este examen en octubre del año pasado, y los resultados preliminares arrojaron que su esquema de colaboración con otros gobiernos es demasiado restrictivo.

Y para recibir el aval de la OCDE tras el ‘peer review’, debe considerar reformas para adaptarse a estándares que aplican en la mayor parte de los países “transparentes” en términos fiscales.

El debate iniciado este martes por el Ministerio de Finanzas está abierto y será el Parlamento quien defina su desenlace. El Consejo Nacional (cámara baja) será el primero que analice este tema durante las próximas semanas para definir si Suiza vuelve a plegarse, o no, a los requerimientos de la OCDE.

Convenios Internacionales de Doble Imposición según el artículo 26 de la OCDE.

En vigor

Dinamarca, Finlandia, Noruega, Francia, Gran Bretaña, Qatar, Luxemburgo, México, Austria (desde 1 de marzo de 2011), España, Canadá, Estados Unidos (aprobado por el Parlamento suizo, falta el aval del Legislativo de EEUU)

Pendientes de aprobación parlamentaria

Países Bajos, Turquía, Japón, Polonia, India, Alemania, Kazajistán, Uruguay, Grecia, Canadá.

Firmados

Hongkong, Corea del Sur, Eslovaquia

Parafraseados

Irlanda, Malta, Omán, Rumanía, Suecia, Singapur, Emiratos Árabes Unidos

La iniciativa del Gobierno suizo para flexibilizar los requisitos que pide a otros gobiernos antes de entregarles información administrativa confidencial fue rechazada de inmediato por la Comisión de Economía del Consejo Nacional.

Este grupo de trabajo se negó a tratar el asunto el próximo lunes (21.02), como lo pedía Eveline Widmer-Schlumpf.

La OCDE publicó en marzo de 2009 una ‘lista negra’ de paraísos fiscales y una ‘gris’ de países opacos en materia de intercambio de información fiscal. Suiza fue incluida en esta última. Abandonar dicha clasificación nociva entrañó la caída de su secreto bancario.

El Gobierno helvético se comprometió a reconocer la evasión fiscal como delito, y no sólo el fraude fiscal como había sucedido hasta 2009. Adicionalmente, aceptó firmar 12 convenios para evitar la doble imposición (CDI) bajo las reglas transparentes de la OCDE.

Suiza abandonó la ‘lista gris’ en septiembre de 2009. Y ahora se ve confrontada a la necesidad de flexibilizar aún más su secreto bancario.

La publicación de las listas ‘negra’ y ‘gris’ de la OCDE movilizó a decenas de gobiernos y los obligó a una mayor transparencia fiscal.

La ‘lista gris’ comprendía a Suiza, Brunei, Chile, Costa Rica, Guatemala, Malasia, Filipinas, Singapur y Uruguay.

La presión internacional que imprimió el G-20 se tradujo entre 2009 y 2010 en 205 acuerdos fiscales transparentes entre gobiernos.

Como referencia, en los ocho años previos se habían alcanzado sólo 50 acuerdos de este tipo.

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