Siete separatistas catalanes encarcelados acusados de «terrorismo»

El 26 de septiembre de 2019, durante una manifestación frente al Palacio de la Generalitat en la Placa Sant Jaume, en Barcelona, en protesta contra la detención de siete militantes radicales por su presunta pertenencia a una organización terrorista, la gente sostiene una pancarta que dice "vete" y en la que aparecen miembros de la Guardia Civil española. afp_tickers

Siete militantes independentistas catalanes, investigados por pertenencia a «organización terrorista», fueron puestos este jueves en prisión preventiva, anunció la justicia española.

El juez de instrucción «considera que existen indicios de que los siete arrestados forman parte de ERT (Equipo de Respuesta Táctica), una organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas», indicó en un comunicado la Audiencia Nacional, alto tribunal con sede en Madrid encargado de las causas por «terrorismo».

Esta organización bautizada como ERT no había sido mencionada hasta ahora.

La fiscalía había pedido que estos militantes fueran encarcelados como presuntos miembros de un «grupo terrorista de índole secesionista catalán».

En un primer momento había pedido su imputación por «rebelión» pero finalmente desestimó este cargo.

La justicia no precisó la identidad ni las edades de los investigados. El lunes, la policía detuvo a nueve personas pero dos fueron puestas en libertad.

Durante meses, la Guardia Civil los había seguido y practicó escuchas telefónicas. Las investigaciones permitieron, según este cuerpo policial, encontrar «material y sustancias consideradas precursoras para la confección de explosivos».

Sus detenciones fueron ordenadas dentro de una investigación iniciada hace dos años por la Audiencia Nacional en relación a «actividades delictivas, planificadas y ejecutadas por miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR)».

Estos grupos fueron creados durante el intento de secesión de octubre de 2017 en Cataluña, cuyo movimiento independentista siempre reivindicó la no violencia.

Organizados en decenas de municipios, estos grupos de ciudadanos de toda índole y edad destacaron por sus protestas cortando carreteras o vías férreas y, en ocasiones, por sus escaramuzas con la policía, pero nunca perpetraron atentados.

La decisión provocó la suspensión de un debate en el parlamento regional catalán, en Barcelona, por el enfrentamiento entre independentistas que empezaron a gritar «¡Libertad!», entendiendo que las acusaciones son infundadas, y parte de la oposición que los acusó de apoyar a presuntos «terroristas».

Al caer la noche unos centenares de personas se manifestaron, sin incidentes, ante la sede de la Generalitat y luego de la sede de la policía española, al grito de «libertad presos políticos», «fuera las fuerzas de ocupación» o «este Estado fascista es el terrorista».

La Guardia Civil sospecha que los militantes encarcelados habían creado un grupo ajeno a los CDR con la intención de realizar actos de sabotaje entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y una importante sentencia del Tribunal Supremo que debe anunciarse próximamente.

El Parlamento catalán, donde los independentistas son mayoritarios, aprobó en la tarde una resolución en la que pedía «la retirada del territorio catalán de los efectivos de la Guardia Civil» -calificada de «policía de tipo político» y acusando a las fuerzas de seguridad españolas de hacer un uso «arbitrario» de la legislación antiterrorista