Guatemala: esperanza en movimiento social
“No coincido con la lectura fatalista de que todo está perdido”, subraya el suizo Karl Heuberger al analizar las perspectivas de Guatemala, donde la contienda presidencial se resolverá en segundo vuelta, en noviembre próximo y entre la derecha y la ultra derecha.
El responsable de los programas en Centroamérica de la ONG evangélica suiza HEKS-EPER confía en el avance del movimiento social, en particular del sector indígena, “que ignora el juego de las elecciones nacionales y sigue construyendo otra propuesta desde la base”.
Al evaluar los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Guatemala, en las que el Partido Patriota (PP), de extrema derecha, se situó a la delantera con 36% de los votos, el especialista rechaza las posturas pesimistas.
Cabe recordar que en los comicios presidenciales del pasado 11 de septiembre en Guatemala, ninguno de los candidatos obtuvo la mitad más uno del electorado por lo que la ciudadanía deberá acudir nuevamente a las urnas.
En la segunda votación, el ex general Otto Pérez Molina, del PP, se enfrentará el próximo 6 de noviembre al candidato del también derechista partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), Manuel Baldizón, que recogió 23% de los sufragios.
“El resultado de la primera vuelta electoral no ha sido una gran sorpresa. Las encuestas previas indicaban la victoria de Pérez Molina y anticipaban la necesidad del balotaje”, expresa Karl Heuberger, responsable de los programas en Centroamérica de la ONG evangélica suiza HEKS –EPER, en entrevista con swissinfo.ch
A pesar de la tendencia derechista imperante, “percibo una creciente voluntad y convicción de amplios sectores del mundo indígena -que hoy no se sienten representados en la actual democracia formal-, a apostar por cambios en el sistema”, añade.
“Y por eso no coincido con la lectura fatalista de pensar que porque la extrema derecha gane las elecciones todo está perdido. El movimiento social, en particular el indígena, ignora el juego de las elecciones nacionales y sigue construyendo otra propuesta desde la base”, evalúa el analista suizo.
A guisa de ejemplo se refiere a la participación de 50 municipios -del total de 330-, que reúnen a cerca de un millón de personas, en el proceso de consultas comunitarias para decidir sobre nuevos proyectos mineros. “Una participación realmente significativa”, enfatiza el responsable de HEKS-EPER.
Seguridad, derechos humanos, soberanía alimentaria
La problemática de la violencia social es un tema capital para el conjunto de la sociedad por lo que la ultraderecha se ha encargado de agitarla y utilizarla políticamente.
“Mi Gobierno será con mano dura. Voy a combatir el crimen organizado con el Ejército. Se crearán estrategias militares para erradicar la violencia desde su raíz”, enfatizó Pérez Molina en sus discursos.
Incluso ha llegado a anunciar la reconstitución de las “fuerzas de tarea” (task forces), herramienta de la estrategia militar empleada por el Ejército contra la guerrilla tanto en Guatemala como en buena parte de América Latina durante las décadas (70-80-90) bajo el imperio de la “Doctrina de la Seguridad del Estado”.
Inquietud de movimientos sociales
“Muchas de nuestras contrapartes en Guatemala nos expresan su gran preocupación antes este discurso y esta perspectiva cercana de mayor violencia institucional y de ola represiva que apuntaría principalmente a los defensores de derechos humanos y al movimiento social en su totalidad”, advierte Karl Heuberger.
En su opinión, con el uso del tema de la delincuencia se pretende esconder otras dos temáticas muy presentes en la preocupación cotidiana de los guatemaltecos: la seguridad alimentaria y la persecución a los defensores de los derechos humanos.
A fines de agosto pasado cinco organizaciones y redes mundiales de prestigio, entre las cuales Vía Campesina, FIAN (Organización Internacional para el Derecho a la Alimentación) CIDSE (Agencias Católicas del Desarrollo), CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México) y APRODEV (Agencia ligada al Consejo Mundial de Iglesias) hicieron escuchar su voz en Guatemala misma.
Publicaron un Informe donde expresan su preocupación por “la crisis alimentaria prolongada que sigue causando estragos en Guatemala” y “el clima de criminalización y persecución de las y los defensores de derechos humanos”, especialmente aquellos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y de las mujeres.
Los organismos internacionales presentaron 15 recomendaciones al Estado y a los futuros nuevos gobernantes, que van desde medidas para asegurar el desarrollo rural-social del país, hasta la depuración de la Policía Nacional, pasando por el fortalecimiento de los derechos laborales, especialmente en el campo.
“Nos preocupa mucho la cuestión de la soberanía alimentaria. No vemos un accionar coherente de las autoridades ni de la comunidad internacional”, enfatiza Karl Heuberger.
La tragedia es que con sus riquezas naturales, Guatemala podría alimentar a toda América Central y hoy vive una penuria alimenticia creciente que amenaza incluso con convertirse en hambruna, explica.
Detrás de esa contradicción se ubica el modelo económico hegemónico actual: “grandes extensiones de tierras cultivables entregadas indiscriminadamente a trasnacionales mineras o de agro combustibles, lo que atenta contra la producción indígena-campesina local y condena a esos sectores a una marginación cada vez mayor”, reflexiona.
La comunidad internacional
“Los gobiernos extranjeros, principalmente europeos –incluido el suizo-, las instituciones internacionales, las ONG de desarrollo tienen hoy una gran responsabilidad hacia Guatemala y Centroamérica”, enfatiza casi como grito de alarma el responsable de HEKS-EPER. .
“Deben reflexionar sobre la necesidad de una alianza real con el movimiento social y los pueblos indígenas que siguen trabajando y movilizándose. Reforzando su actuar, reconociendo sus reivindicaciones. Deben expresar una clara voluntad política, coordinarse mejor. Se invierten recursos financieros pero no siempre con la mejor lógica. Debemos preguntarnos por qué un país rico como Guatemala se confronta al hambre y a la crisis de alimentos”, concluye.
ONG internacionales reunidas en agosto en Guatemala recomiendan
Que la comunidad internacional exija al nuevo Gobierno de Guatemala respeto al derecho a la alimentación y a los defensores de los derechos humanos.
Que el Estado guatemalteco respete la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Que revise las políticas que fomentan la inversión en la producción de agro combustibles, minería y megaproyectos energéticos para prevenir violaciones del derecho a la alimentación, a la tierra, al agua y de los derechos de los pueblos indígenas.
La democracia guatemalteca, concebida en su actual versión luego de las negociaciones de paz entre el Estado y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en diciembre de 1996, corre el riesgo, tras los comicios del 6 de noviembre, de desembocar en una opción más militarista y de “mano dura”.
Giro en contramano en una región que –salvo la excepción hondureña- se ha alejado en el siglo XXI de golpes de Estado y opciones ultraderechistas.
La ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación Nacional (FMLN) gobierna en El Salvador.
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por su parte, ejerce el poder en Nicaragua y las encuestas anticipan la casi segura victoria de Daniel Ortega en las elecciones generales del 6 de noviembre.
En tanto, en Honduras, la masiva movilización social logró en mayo pasado el retorno al país del ex presidente Manuel Zelaya (exiliado tras un golpe de Estado), con lo que quedó de manifiesto que sin la participación institucional de la oposición pro-Zelaya, ese país es políticamente inviable.
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