La tierra, semilla de paz en Colombia

Muchos campesinos colombiados han sido despojados de sus tierras. Reuters

Si no se resuelve el complejo problema de la tierra, cualquier apuesta por una solución política del conflicto en Colombia es difícilmente imaginable, sostiene el abogado colombiano Rafael Figueroa Rincón, asesor del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL).

Dicho programa aglutina a once ONG helvéticas activas en ese país sudamericano y cuenta con el apoyo del Ministerio helvético de Asuntos Exteriores. Entrevista.

swissinfo.ch: ¿Por qué la tierra juega un papel tan importante en la Colombia actual?

Rafael Figueroa Rincón: El control de los recursos naturales que se encuentran en los territorios de las comunidades, y el acceso y apropiación de sus tierras son los botines de la guerra en Colombia. La tierra y sus recursos están siendo acumulados y explotados por grandes élites y poderes regionales que controlan verdaderos ejércitos privados.

En este contexto de conflicto armado y despojo de tierras, se desarrollan grandes inversiones privadas, en muchos casos en correspondencia con intereses multinacionales, lo que evidentemente agudiza el panorama.

swissinfo.ch: ¿Cuál es el rol concreto de un programa como SUIPPCOL en esa situación?

R.F.R.: Las 31 comunidades y organizaciones que integran la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base, apoyadas por SUIPPCOL, no solo han sido víctimas de la violencia y el conflicto armado, sino principalmente del despojo de sus tierras y los recursos que existen en sus territorios. En este sentido, incluso representantes del nuevo Gobierno han identificado esta problemática como la piedra angular del conflicto armado.

swissinfo.ch: ¿Podría citar un ejemplo concreto?

R.F.R.: El despojo de tierras a las comunidades campesinas de El Garzal, al sur del departamento de Bolívar. Estas comunidades, que han permanecido por más de 50 años en sus tierras dedicándose de manera exclusiva a la producción alimentaria, han sido objeto de presiones ilegales, amenazas y desapariciones forzadas en los últimos diez años.

Han sido incluso víctimas del uso de la justicia y de las autoridades locales, quienes buscan desplazar a más de 300 familias campesinas y despojarlas de manera definitiva, con el objetivo de entregar sus parcelas a un antiguo comandante paramilitar que dominó pública y abiertamente la región del Magdalena Medio durante más de 7 años.

Dicho jefe paramilitar fundó una compañía palmicultora. Es esta empresa la que promueve todas las acciones legales e ilegales para obtener las tierras de El Garzal e iniciar la siembra de palma africana para la gran producción de agrocombustibles. La palma africana en la región debería alcanzar, según las políticas agrarias del Gobierno, las 300.000 hectáreas para 2019.

Por esta razón desde SUIPPCOL nos hemos comprometido a apoyar a comunidades como El Garzal en la lucha pacífica y legal contra el despojo como una de las formas más eficaces para ambientar la paz desde la tierra y el territorio.

swissinfo.ch: ¿Cuáles son sus expectativas con la llegada del nuevo Gobierno del presidente Manuel Santos en relación a estos delicados temas?

R.F.R.: El Gobierno actual ha dado un cambio en relación al anterior en lo que se refiere a la política agraria. Venimos de ocho años de absoluta negación por parte del conjunto del Estado de temas como el despojo o la altísima concentración de la tierra -que ubica a Colombia en el puesto 15 del mundo en inequidad en la propiedad de la tierra.

Más grave aún fue la ausencia de una reparación y devolución de las tierras arrebatadas a los casi 4 millones de desplazados. Hoy, el nuevo Gobierno, por el contrario, ha anunciado como uno de los temas fundamentales a resolver el despojo de tierras y la restitución a las víctimas a través del lanzamiento del proyecto de ley de Restitución de Tierras Despojadas.

swissinfo.ch: Es decir, una señal optimista…

R.F.R.: Las buenas intenciones no implican necesariamente una modificación fundamental en la política global agraria y en las visiones económicas más profundas. Las comunidades creen que con estas políticas se busca hacer más eficaz los modelos económicos agroindustriales y extractivos que han sido diseñados e implementados durante los últimos ocho años y que, precisamente, generan inequidad, concentración de la tierra y abandono de la economía campesina.

Para el Gobierno nacional y para las organizaciones y comunidades en Colombia un reto crucial es no sólo asegurar el debate sobre los aspectos fundamentales de la restitución y la formalización del acceso a la tierra, sino también abrir una verdadera concertación sobre el modelo económico que asegure la permanencia de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y la soberanía alimentaria de la nación.

swissinfo.ch: Usted participará del 19 al 31 de en Suiza en una campaña promovida por SUIPPCOL sobre estas temáticas que incluirán actividades públicas en una decena de ciudades. ¿Cuál es su mirada sobre estas iniciativas de la comunidad internacional?

R.F.R.: La solidaridad internacional directa juega un papel fundamental para la promoción de reivindicaciones legales y legítimas de las comunidades en Colombia a favor de su tierra y territorio. La campaña en Suiza intenta promover un acercamiento entre la sociedad civil helvética y las comunidades y organizaciones que resisten al despojo y a la explotación irracional de sus recursos.

Es importante que se entienda también como un aporte internacional para preservar estos territorios y ecosistemas, que por su valor en términos ambientales y alimentarios, deberían interesar al mundo entero, porque pertenecen a la humanidad entera. A través de esta campaña queremos promover una iniciativa para convertir estos territorios en lugares protegidos por la sociedad civil suiza y por las demás organizaciones, pueblos y personas en el mundo que estén interesadas en esta construcción de la paz desde el territorio.

Sin lugar a dudas, ello constituiría un paso fundamental para la preservación de la tierra y el territorio en Colombia. Y por ende, para la construcción de una paz sostenible y duradera. Pues los problemas que confrontamos en mi país sólo podrán resolverse a través del papel protagónico de la sociedad civil colombiana – especialmente de las comunidades y organizaciones que enfrentan día a día esta realidad. Pero en un hermanamiento activo con otros pueblos, organizaciones y personas de buena voluntad en el resto del mundo.

SUIPPCOL

El Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) fue instaurado en 2001 y transitó tres fases. La tercera está actualmente en desarrollo y concluirá en 2011.

Es un programa de la sociedad civil suiza con un fuerte apoyo del Gobierno suizo. Confluencia que le asegura una particular sinergia.

Integran el programa las siguientes ONG helvéticas, todas presentes con proyectos o voluntarios en Colombia:

Caritas, Acción Cuaresma, Ayuda Protestante Suiza, Swissaid, Amnistía Internacional, Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Terre des hommes, Brigadas por la Paz, E-CHANGER y Misión Bethlehem Immensee.

La prioridad del programa es apoyar a organizaciones o procesos locales, fundamentalmente en el campo, que se encuentran en las zonas de conflicto.

Rafael Figueroa Rincón

Desde hace más de un año, este abogado colombiano, de 30 años, es el coordinador de la Estrategia de Incidencia en Tierra y Territorio del programa SUIPPCOL.

Desde hace siete años, investiga y actúa en el sector de los Derechos de las Minorías Étnicas y los Derechos a la Tierra y el Territorio.

Acompañó a varias comunidades y organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas del país, especialmente en las regiones del Chocó, Guajira, Bolívar, Córdoba, Cauca, Magdalena Medio, Caquetá y Nariño.

Actualmente su principal tarea consiste en apoyar a la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la Base en su intento por frenar el despojo de sus tierras y territorios promovido por grupos paramilitares, poderes regionales económicos y políticos y los grandes proyectos extractivos, agroindustriales y multinacionales.

Las dos principales acciones de dicha estrategia son la incidencia política y la acción legal.